Castilla-La Mancha se ha convertido en 2018 en el epicentro de la implantación y de lucha contra las macrogranjas, en especial las porcinas. Estas grandes explotaciones de ganadería intensiva se están fijando en las zonas despobladas de la región para instalar unas granjas sobre las que la población en muchos puntos ha dicho basta. Este año el Gobierno de Castilla-La Mancha salió al paso y alejó las macrogranjas de los núcleos urbanos, convirtiéndose en la comunidad autónoma que más lejos las situaba. El decreto no impide ampliar algunas de las ya existentes… Y muchas aumentan el número de cerdos y otras nuevas ya han recibido el «ok» medioambiental de la Junta para instalarse en la región.

Landete, Hellín, Carrinches, Polán, Villarta, Madridejos, Reillo, Recas, Gerindote, La Pueblanueva, Malpica de Tajo, Iniesta… Son solo unos ejemplos de localidades donde se ha solicitado o se ha dado el visto bueno a instalar una macrogranja porcina o a ampliar las ya existentes. Y solo en los últimos meses. Aunque son muchas más las localidades donde quiere implantarse la producción intensiva de cerdos.

En muchos lugares se ha organizado una oposición activa a este boom que viene incentivado por el aumento de las exportaciones de cerdo, sobre todo por la alta demanda de china, donde aumentan las clases medias y con ello el consumo de carne. La Serranía de Cuenca, Mota del Cuervo, Alpera o Gamonal son algunos de los ejemplos más activos de la lucha contra las macrogranjas. Sus quejas: el alto consumo de agua, la contaminación de las aguas por nitratos y nitritos, malos olores por los puriles, antibióticos que acaban en las aguas residuales, emisión de gases de efecto invernadero y …

Pero las reivindicaciones no se quedaron en los pueblos. Durante este año los movimientos de oposición tomaron fuerza. Se constituyó la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial y la lucha contra las macrogranjas llegó hasta el Parlamento Europeo.

¿El fin del ATC?

El año que parecía que iba a ser el de la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca), conocido como cementerio nuclear porque albergaría los residuos radiactivos de centrales nucleares, terminó como el año en el que se desmanteló el proyecto.

El Gobierno del PP de Mariano Rajoy había dotado el proyecto con 144 millones en su Presupuestos de 2018, pero la moción de censura que dio pié a la llegada del Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez supuso el fin de este proyecto, al menos por el momento.

Pocas tiempo después de haberse constituido el Ministerio para la Transición Ecológica, este paralizó el proyecto para satisfacción de unos y decepción de otros. Es más, el Ministerio se encargó de desarbolar el proyecto paralizando incluso la emisión del informe preceptivo que tenía que realizar el Consejo de Seguridad Nuclear, que ya tenía elaborado el 98 por 100 del mismo.

Atrás quedaban varios años de disputa entre los que defendían el proyecto, como el propio Ayuntamiento de la localidad o el PP castellano-manchego, o quienes se oponían al mismo y reivindicaron en múltiples manifestaciones la paralización del proyecto, entre ellos varios partidos políticos.

Todo parecía sepultado, hasta que llegó el final de 2018, cuando el nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, reivindicó desde la localidad conquense que el ATC situaría a Cuenca a la vanguardia, aunque fueron varios los que criticaron la «incoherencia» de esta postura, entre ellos el presidente regional, Emiliano García-Page, puesto que cuando el cementerio nuclear todavía no tenía ubicación decidida, Núñez junto a muchos otros vecinos de Almansa, localidad de la que era alcalde, rechazó la posibilidad de que se instalara en su pueblo manifestándose en las calles.