Para el Tajo el 2022 ha sido un año muy importante. Aunque las mejoras que su caudal no serán totalmente efectivas hasta 2027, lo cierto es que después de muchos años donde parecía que poco se miraba por este río, lo cierto es que con el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, uno de los ríos que vertebran Castilla-La Mancha recuperará caudal.
Será poco, eso es cierto, y para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo, pero el nuevo plan aprobado por el Gobierno de España prevé que el caudal suba hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo, desde los 6 actuales, antes de la unión con el Jarama en Aranjuez.
Aunque quizá la noticia más importante para el tramo medio del río, el que discurre por las ciudades de Toledo y Talavera, es el plan que prevé invertir cerca de 1.000 millones en la depuración de las aguas de Madrid, lo que había que el agua que baja por el Jarama, mucho más caudaloso que el Tajo en su unión, dejen de convertir al Tajo en una cloaca y comience a ser un río vivo.
Mientras tanto, este año también se ha hablado, y mucho, del trasvase Tajo-Segura. Todos los meses se ha aprobado un trasvase, ya con las nuevas normas, que reducen los trasvases en nivel 2 desde los 38 hectómetros a 27. Ha habido un cambio de tendencia desde el Ministerio para la Transición Ecológica, puesto que cuando Entrepeñas y Buendía están en nivel 3, no se han aprobado los 20 hectómetros posibles, sino que se ha optado con cantidades menores, incluso algunos meses sin agua para regadío.
Esto ha causado la indignación en el Levante, a pesar de que a lo largo del año no ha faltado allí agua del trasvase y de que el Ministerio ha reconocido en varias ocasiones que esta reducción del trasvase no tiene el fin de enviar menos agua, sino de evitar situaciones hidrológicas excepcionales (menos de 400 hectómetros cúbicos) en la cabecera del Tajo, que este año ha estado a punto de ocurrir y puede que hubiese pasado con las antiguas normas del trasvase.
Protestas por las macrogranjas
Si 2021 se despedía con la noticia de que habría una moratoria paria que no se pudiesen aprobar más proyectos de macrogranjas en Castilla-La Mancha, 2022 ha sido un año en el que ha habido muchas protestas, por lo que entienden que es un «coladero» en dicha moratoria.
Principalmente, las protestas se han centrado en Cuenca, donde en muchos de sus pueblos hay proyectos que siguen adelante. El caso más llamativo es el ocurrido en la Alcarria conquense, donde tres proyectos que están a escasos metros se quedan solo a cuatro cerdos de incumplir la moratoria, pero que en su conjunto llegan a casi 7.500 cerdos, muy por encima de los 2.500 necesarios para que se requiera la autorización ambiental integrada.
La polémica de la carne
Una de las polémicas del año comenzaba tras una entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en The Guardian. Criticó el modelo de ganadería intensiva de las macrogranjas, pero se terminó ofendiendo buena parte del sector ganadero. Uno de los más beligerantes contra el ministro fue el presidente Emiliano García-Page, quien a lo largo del año, en numerosas ocasiones, criticó que hiciese «propaganda negativa del sector cárnico», un sector con mucho peso en Castilla-La Mancha, donde cientos de ganaderos y empresas cárnicas.
…y por la caza
La caza también fue otro de los puntos de rifirrafe entre el Gobierno regional y los cazadores con el Gobierno de España. El objeto de la polémica, la ley de bienestar animal que todavía no se ha aprobado. Desde Castilla-La Mancha se reclamaba intensamente que la ley no afectase a los perros de caza, pero la parte de Podemos del Gobierno sí los quería incluir, y así salió del Consejo de Ministros. Pero el otro partido del Gobierno, el PSOE, enmendó la norma en el Congreso y, tras un acuerdo con PP y PNV, logró que la enmienda saliese adelante la «fórmula Page», como así apodó la ministra Ione Belarra a la exclusión de los perros de caza de la protección que marca a nueva ley.
Empresarios condenados y políticos absueltos en Chiloeches
En abril se conoció la sentencia por el incendio de Chiloeches. El fuego que devastó la planta de reciclaje en la que se produjeron varias negligencias, creando un peligro incendio de sustancias químicas con una gran nube tóxica, encontró a sus culpables penales.
La sentencia dictada por la Audiencia Provincia de Guadalajara condenó a los cinco empresarios implicados, pero absolvió a los políticos que también estaban acusados, aunque la Fiscalía ha recurrido la sentencia.
Francisco Fernández García, Pablo Layna Calvo, Sergio Layna Calvo, Manuel Amador Layna Calvo y Juan José Gutiérrez de Loma fueron condenados como autores criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que se les impuso una pena de cárcel de entre tres y medio y cuadro años y medio.