La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los próximos 17, 18 y 19 de mayo a las 10.00 horas a seis acusados de traficar con drogas en Valdepeñas por los que piden 31 años y medio de prisión.
Según el escrito, los hechos ocurrieron en 2015, cuando el equipo de la Policía Judicial de Valdepeñas, a través de vigilancias, descubrió que los acusados formaban parte de un entramado delictivo dedicado a la venta de cocaína.
Por ello, a través del Juzgado de Instrucción de Valdepeñas, se autorizó la intervención telefónica de los números de móvil utilizados por de los acusados.
A través de las intervenciones y vigilancias se puso de manifiesto que el principal suministrador de las sustancias era el acusado R.R.R.P., quien se encargaba de acudir periódicamente al municipio en un vehículo Opel Astra, donde quedaba con el resto de acusados para darles la cocaína. En otras ocasiones, también quedarían en Madrid.
Suministraban la cocaína en domicilios y en la calle
Estos hechos se han corroborado a través de las vigilancias, en las que también han sido vistos los demás acusados suministrando la sustancia, en la calle y en horarios nocturnos así como en sus domicilios.
En 2016 se autorizó la entrada y registro de las viviendas de los acusados y el bar de uno de ellos, donde se realizaba también la venta.
Por estos hechos, la Fiscalía pide 31 años y medio de prisión para los acusados. Para el principal suministrador se piden seis años; a C.J.S.L., otros seis años y una multa de 1.636,59 euros; cuatro años y seis meses para I.D.S. y una multa de 6,90 euros sustituida en caso de impago por un día de privación de libertad.
Para R.C.P. se piden cuatro años y 6 meses y una multa de 2.128,29 euros; seis años para E.S.L.; y cuatro años y seis meses y multa de 752,49 euros, sustituida en caso de impago por siete días de privación de libertad para J.A.L.V.
Además, para este último acusado, se solicita el cumplimiento de un año y seis meses de prisión y la sustitución del resto de la pena de prisión respecto del mismo por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en el mismo por un periodo de ocho años desde la fecha de expulsión.