Un juzgado ha archivado provisionalmente la querella por prevaricación, entre otros delitos, que el Ayuntamiento y la entonces empresa municipal presentó en diciembre de 2012 contra el exalcalde socialista, José Fernando Sánchez Bódalo, y varios concejales de la anterior legislatura.
La querella en la que también se les acusaba de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, exacciones legales y administración, también afectaba a varios funcionarios y trabajadores de la empresa de Aguas.
El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha considerado que no hay indicios de delito, según el auto con fecha de 29 de mayo, y con el que concluye cinco años de investigación.
[ze_summary text=»Hah declarado 18 personas tras cinco años de investigación»]Hah declarado 18 personas tras cinco años de investigación[/ze_summary]En este tiempo se tomado declaración a 18 personas relacionadas con el Ayuntamiento, Aguas de Alcázar, la empresa auditora y constructoras adjudicatarias de distintas obras y se han realizado numerosas pruebas periciales e investigaciones patrimoniales.
Sin embargo, el sobreseimiento provisional de la causa no afecta a dos de los funcionarios implicados, a los que se seguirá investigando por una certificación de obra.
La decisión judicial, que puede ser recurrida exculpa de los cargos imputados al exalcalde socialista y presidente del Consejo de Administración de Aguas de Alcázar, José Fernando Sánchez Bódalo; y a los entonces concejales del Ciclo Hidráulico y gerente de Aguas, Benito Montiel, y de Hacienda, Ana Belén Tejado, trabajadores de la empresa y de los servicios técnicos municipales.