El alcalde de Azuqueca de Henaros (Guadalajara), el socialista José Luis Blanco, estaba siendo investigado por presunta prevaricación administrativa por las actuaciones cuando era presidente del Consorcio Energético de la Campiña de Guadalajara. El auto del magistrado Jesús Manuel Villegas Fernández explica que «no hay indicios racionales de criminalidad«.

«Nos encontramos frente a un negocio jurídico, la firma de un convenio, cuya legalidad se discute. Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta que la decisión de adoptarlo se haya emitido a sabiendas de su ilicitud», indica el juez del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Guadalajara.

Además, añade que «los requisitos de la prevaricación administrativa son muy exigentes. Tanto es así, que la conducta únicamente será típica si la decisión controvertida carece de cualquier lectura racional en Derecho, lo que no sucede en este caso».

Para saber si hay delito en el caso y según indica Villegas «habremos de prestar atención a todos sus actos, no sólo a la misma subscripción del convenio, sino también a los anteriores y posteriores. Y de ellos, tal como se ha explicado, no se desprenden indicios incriminatorios».

Al no haber indicios de que se haya cometido la irregularidad, al magistrado no le queda otra que «archivar el procedimiento en los términos previstos en el siguiente de los razonamientos jurídicos de esta resolución».

El «daño al honor» que dice haber sufrido Blanco

José Luis Blanco ha explicado en un comunicado de prensa que siempre se mostró confiado en el procedimiento, ya que entiende que todo se hizo «siguiendo los criterios técnicos». Ha agradecido la confianza que le han mostrado «alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales del Consorcio que siempre confiaron en mi buen hacer en torno a este asunto».

Pero no todo el mundo trató igual el tema. «Lamento profundamente las declaraciones realizadas por compañeros y compañeras de mi propio partido intentando sembrar sobre mí con este asunto la sombra de la sospecha. Y espero que con el sobreseimiento de la causa, en la que queda demostrado que no existe indicio alguno de irregularidad, se retracten de sus palabras», ha subrayado.

Por último, afirma que «existe un daño al honor, provocado por el juicio paralelo que de forma constante hemos de sufrir los cargos públicos en casos como éste, que es irreparable. Lo asumo como parte de la actividad pública que libremente he elegido por mi compromiso con mejorar la vida de la gente de Azuqueca, pero lamento la indefensión que sufrimos ante la exposición mediática y social a la que nos somete el sistema, sin tener en cuenta en muchos casos el derecho fundamental de la presunción de inocencia.