El agente de la Guardia Civil destinado en Bolaños de Calatrava acusado de tapar un caso de violencia de género cometido por otro compañero ha asegurado que actuó conforme a los procedimientos establecidos, dejando claro que él en ningún momento presenció ningún tipo de agresión de su compañero hacia su exmujer y que en todo momento asesoró a la víctima sobre cómo debía que actuar para denunciar la violencia ejercida contra ella.
Así lo ha indicado el propio acusado, M.J.I.C., durante la primera sesión del juicio en el que se le acusa de un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de falsedad documental tras supuestamente intentar tapar un presunto caso de violencia de género cometido por un compañero suyo de la Guardia Civil, el cual fue condenado a 21 meses de prisión.
El acusado dice mediar entre las discusiones e indicarle como proceder
El acusado ha reconocido que, a petición de la expareja de su compañero y siempre fuera de servicio, medió durante las diferentes discusiones entre ambos, que se sucedieron en los meses de septiembre y octubre de 2018, después de que la mujer de su compañero pillara a su entonces marido siéndole infiel con una tercera persona a principios de septiembre.
Asimismo, el guardia civil ha indicado que, tras ser requerido en diferentes ocasiones por la expareja de su compañero y amigo, él la asesoró sobre cómo debía de proceder para interponer la denuncia en caso de que esta quisiera denunciarlo, recomendándole que primero debía de ir al ambulatorio para recoger el parte de lesiones y, posteriormente, presentar la denuncia en el puesto de la Guardia Civil.
En este sentido, M.J.I.C. también ha señalado durante la vista que comunicó a su superior los sucesos protagonizados por su compañero, indicándole este que no se podía hacer nada hasta que la víctima interpusiera la correspondiente denuncia.
Tras las diferentes agresiones que sufrió la mujer a manos de su expareja, finalmente interpuso una denuncia contra él, siéndole asignado al acusado el seguimiento del caso, pese a existir una relación de amistad tanto con el denunciado como con la denunciante. Una situación que, según ha detallado el acusado, fue comunicada a su superior directo sin que este lo apartara del caso.
Al serle asignado a M.J.I.C. el seguimiento del caso, tuvo que realizarle a la denunciante diferentes cuestionarios de evaluación de riesgo, en los que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular consideran que las respuestas de la víctima fueron alteradas deliberadamente, pasando de un «riesgo medio» a un «no apreciado». Algo que el acusado ha negado, diciendo que se ajustó al procedimiento establecido.
La perjudicada niega la ayuda del acusado
Por su parte, la perjudicada y exmujer del compañero del guardia acusado ha negado que M.J.I.C. le asesorara sobre cómo debía actuar tras las diferentes agresiones a manos de su exmarido.
Según la mujer, el acusado medió en dos agresiones, la primera de ellas durante la feria de Bolaños de 2018, cuando su todavía marido le provocó diferentes lesiones en la zona abdominal, mientras que la segunda fue diez días después cuando recibió un puñetazo en la cara en presencia de sus hijos.
«Le pedí que me ayudara, que quería denunciar a mi expareja y él me dijo que no había visto nada y que no tenía nada que instruir ni escribir», ha narrado la perjudicada durante la prueba testifical, negando que el acusado la asesorara sobre cómo debía proceder para interponer la denuncia. «Solo me dijo que me alejara de él para que la cosa no fuera a mayores», ha añadido.
Asimismo, la mujer ha señalado que se percató de que los cuestionarios de evaluación de riesgo estaban manipulados cuando fue a interponer una denuncia por quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte de su exmarido, debido a que el agente que la tramitó le comunicó que había un «listado numeroso» de valoraciones de riesgo, cuando ella solo había firmado dos.
La Fiscalía pide para el acusado cuatro años de cárcel
La Fiscalía pide para el acusado una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para el ejercicio del cargo durante cuatro años por un delito de omisión del deber de perseguir delitos y por otro de falsedad documental.
De su lado, la acusación particular solicitará para el guardia civil una pena de cinco años de prisión por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, tal y como ha narrado la abogada de la acusación, María Sierra Redondo, a los medios de comunicación al término de la primera sesión del juicio.