La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado «de manera urgente» a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha que garantice la salud y seguridad del personal que trabaja en la Audiencia Provincial de Toledo tras revelarse la existencia de amianto.
En un comunicado, CSIF ha informado de que las obras realizadas han dejado al descubierto conducciones de fibrocemento en la estructura del edificio que contienen elementos cancerígenos como el amianto, por lo que de no garantizarse la salud de estos trabajadores, el sindicato acudirá a la Inspección de Trabajo a fin de determinar los riesgos expuestos.
Las obras han destapado el amianto
Según el sindicato, las obras de rehabilitación integral que se están realizando en la Audiencia Provincial han dejado a la vista, desde hace más de cuatro meses, conducciones que contienen amianto, que dada la propia antigüedad del edificio «se encuentran bastante degradadas en lugares de acceso y en los propios despachos donde se trabaja, lo que supone un grave riesgo para la salud».
La Central Sindical ha alertado de que el amianto, en todas sus variedades «está clasificado como cancerígeno de primera categoría» y en este sentido debe aplicarse el Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Asimismo, se ha referido al Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, «medidas de prevención que la administración no está ejecutando», han denunciado.
El personal destinado en la Audiencia lo conforman más de 60 personas entre funcionarios, magistrados, fiscales y Guardia Civil, al margen de los abogados, procuradores y asistentes que acuden de manera habitual, y que según el sindicato, «se encuentran alarmados por la falta de información recibida».
Así, CSIF ha reclamado a la Gerencia Territorial de Justicia que ofrezca las garantías necesarias, y lo haga por escrito, «de que los trabajadores no corren riesgo alguno ante esta situación».