La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a cuatro años de cárcel a un celador eventual que abusó de una joven, que tenía entonces 18 años y estaba ingresada por un trastorno de conducta alimentaria, en el Hospital Universitario de Guadalajara. Además, condena al Sescam a indemnizarla en calidad de responsable civil subsidiario.
Los hechos ocurrieron en el verano de 2020, según ha informado el periódico El Confidencial, cuando el celador, que había sido contratado de forma eventual por la pandemia, tuvo varios acercamientos «no solicitados» a la víctima, entre los cuales que el celador obligó a la víctima a realizarse una felación.
El agresor la obligó y le pidió que no dijera nada o «le arruinaría la vida»
Según lo informado por el periódico, en un día, al cruzarse en el pasillo, el celador le pasó la mano por el hombro y fue bajándola hasta tocarle el culo. Aunque la víctima no entendió lo que sucedió, decidió no darle importancia.
En otra ocasión, el celador entró en su habitación y la besó rápidamente en la boca, sin decir nada. En ese momento, la joven tenía 18 años y el celador tenía 30.
El incidente más grave ocurrió el 23 de julio, cuando el celador la obligó a practicarle una felación. Luego, según informa El Confidencial, le pidió que no dijera nada al respecto «porque le arruinaría la vida».
En un principio la joven, en estado de shock, calló, pero después decidió denunciar la situación. Primero habló con una auxiliar que la animó a denunciar. Más tarde, la víctima habló con la psiquiatra que le trataba, que le dijo- según se ha publicado en El Confidencial que «que ellos no iban a denunciar y que era cosa de la afectada si ponía alguna denuncia».
Pidió revisar las cámaras, y su abogado descubrió que las imágenes fueron destruidas
De acuerdo a la información publicada en este periódico, la joven solicitó a la médica que revisara las cámaras de seguridad ubicadas en los pasillos, ya que estas podrían comprobar que el celador había ingresado y salido de su habitación tal y como ella lo había relatado. Sin embargo, la médica le informó que esas cámaras solo servían para vigilar y no grababan ningún material.
Durante el juicio, el abogado de la joven descubrió que, en realidad, sí existía una grabación de las cámaras, pero que había sido eliminada varios días después. Según la normativa en España, estas cámaras deben guardar su contenido por un período de entre 15 y 30 días, pero cuando intentaron acceder a la grabación, esta ya no estaba disponible.
Según informa El Confidencial tras la agresión, el celador siguió trabajando en el hospital durante año y medio más. Le cambiaron de planta para no coincidir con la joven, aunque en alguna ocasión lo hicieron en el ascensor.
En la sentencia publicada el pasado 16 de marzo, la justicia le impuso la pena mínima de cuatro años siguiendo el Código Penal vigente a la fecha de los hechos, por ser más favorable para el encausado que el 10/2022 aprobado por el Gobierno hace unos meses, la llamada ley del solo sí es sí, que califica un acto así como agresión sexual y prevé condenas de entre cuatro y 12 años.
También, obliga también al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a indemnizarla en calidad de responsable civil subsidiario.
El Gobierno regional celebra la condena
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado la condena de cárcel: «Estoy satisfecha de que haya caído todo el peso de la ley contra el agresor», ha asegurado Fernández al ser preguntada sobre ello en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno,
«Aquí no hay discusión de ningún tipo. Y desde luego, como Gobierno, nos alegramos de que haya una sentencia en la que se resarza de alguna manera a la víctima», ha afirmado.
Por otro lado, ha defendido que «los protocolos funcionan, la ley funciona«. No obstante, ha señalado que «ojalá no se hubiera producido una situación tan lamentable en un hospital público».
Sobre el hecho de que las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el pasillo del hospital se borraran antes de tiempo, Fernández ha señalado que «hay que intentar aprender de los errores». «Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar».
«No se había dado nunca en el sistema público de salud, no nos había ocurrido nunca, y desde luego, una vez vista la situación, lo que está claro es que no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia», ha aseverado Fernández.
No obstante, se ha puesto «en la piel» del gestor de un hospital o del gestor de un centro de salud, y su dificultad «para poder saber lo que pasa en cada uno de los rincones de cada una de las habitaciones». «Es imposible», ha apostillado.