A.R.L., el hombre acusado de matar a su pareja a puñaladas en presencia de su hija menor en Galápagos el 5 de enero de 2016, ha sido declarado culpable por el jurado popular que le ha venido juzgado desde el pasado 7 de mayo en la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Durante la lectura del veredicto este lunes en la Audiencia guadalajareña, el jurado ha considerado que hubo alevosía, premeditación y ensañamiento por parte del procesado hacia su pareja.

Por contra, no ha considerado como atenuante ni eximente el trastorno mental transitorio que alegaba la Defensa para su defendido, para el que ha solicitado 20 años de cárcel frente a los 25 de pena máxima que han pedido la Fiscalía y la Acusación Particular.

En la lectura del veredicto el jurado ha basado su dictamen tanto en la autoinculpación del acusado como en los informes de los forenses y en las pruebas de los guardias civiles.

Del mismo modo, ha considerado culpable de A.R.L. de las 14 puñaladas asestadas a su pareja sentimental el 5 de enero de 2016 «de forma deliberada, consciente y voluntaria», según declaraciones e informes de los peritos forenses, hasta causarle un «profundo dolor».

También le consideran culpable de haberla matado en presencia de su hija menor, «provocándole mayor sufrimiento», algo que también consideran los miembros del jurado que queda probado en las pruebas presentadas, declaraciones de testigos y en el informe de exploración de la menor.

Igualmente, cree que queda probada la agresividad y violencia mostrada por el autor del crimen cuando fue detenido por los agentes de la Guardia Civil, conclusión a la que han llegado por el visionado de la reconstrucción de los hechos, de las pruebas periciales y de los testigos y declaraciones.

Por todo ello, este jurado –formado por cuatro mujeres y cinco varones– ha dictaminado que no procede aplicar a A.R.L. los beneficios de la revisión condicional de la pena ni plantear al Gobierno la petición del indulto.

La Fiscalía pide la privación de la patria potestad de su hija

Tras el veredicto, la Fiscalía, además de los 25 años de prisión para el acusado, ha pedido la privación de la patria potestad de su hija y prohibición de aproximarse a ella y a su domicilio a menos de una distancia menor de 500 metros, y que no pueda comunicarse con ella durante un periodo de 32 años.

Del mismo modo, solicita que cuando el acusado salga en libertad vigilada la familia de la víctima tendrá que ser avisada como también de sus permisos de salida si así lo quiere.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía ha solicitado que el acusado indemnice a su hija con 200.000 euros.

Por su parte, la Acusación Particular, además de los 25 años de cárcel por el presunto asesinato de su pareja, y que no se comunique con la niña, ha añadido un año más de prisión por un delito de violencia psíquica a la menor, que desde entonces recibe tratamiento psicológico.

Por su parte, la Defensa ha solicitado para su defendido una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato y no ha considerado que haya pruebas para imputarle nada más.

En unos días se dictaminará la pena impuesta para el acusado, que se encuentra desde que ocurrieron los hechos en la prisión de Alcalá-Meco de Madrid.