La Fiscalía de Toledo ha pedido la «devolución inmediata» de la bebé retirada a unos padres por el «pasado de maltrato que sufrió la madre», al entender que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha «no acredita las razones que le llevaron a declarar en desamparo a la recién nacida», según la información publicada hoy lunes por el diario El País.
Escrito de la Fiscalía
El escrito de la Fiscalía, rotundo contra la medida adoptada por la Consejería de Bienestar Social, pide que la devolución del bebé a sus padres sea «inmediata».
Los padres, Yumara Oliver y Abdel Tahiri, se han opuesto a la medida de Bienestar Social por todos los medios posibles, hasta llegar a los juzgados de la mano del abogado Julián Sánchez Rojas.
La Fiscalía le da la razón al abogado y se manifiesta también en el mismo sentido que lo hicieron la trabajadora social y la educadora de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo.
Para la Fiscalía, entre otros argumentos, esgrime que las razones de Bienestar Social «carecen de base fáctica que las justifique», añadiendo que «resulta trascendental, para la adopción de una medida tan drástica como la adoptada por la Administración, realizar una intervención previa para contrastar realmente la situación de la madre y analizar sus circunstancias sociosanitarias y sus capacidades para abordar una responsabilidad como la maternidad, extremo que tampoco consta”.
Además, la fiscal añade que «llama la atención que la figura paterna no tiene acceso al expediente» y agrega: “La madre, si bien presenta un recorrido vital complicado, ello no puede ser óbice automáticamente para considerarla no apta para el ejercicio de las facultades marentales”.
De tal forma que la fiscal Silvia Casasús Valero decide que la niña “sea entregada a sus padres de inmediato y los Servicios Sociales del Ayuntamiento supervisen e informen semanalmente sobre las condiciones en que se encuentran la menor y la unidad familiar”.
Ahora será el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo, quien investiga la causa, el que decida si se ejecuta y cuándo lo solicitado por el ministerio público.
Bienestar Social: «No hay declaraciones porque el asunto está judicializado»
Por su parte, fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha se remiten a lo ya manifestado días atrás: que no van a hacer declaraciones porque el asunto está «judicializado».