Las comunidades autónomas recibirán «la próxima semana» la transferencia de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia asignados al Ministerio de Justicia.
Así lo ha adelantado este jueves la ministra de Justicia, Pilar Llop, en declaraciones a los medios antes de presidir la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra en Toledo.
Los fondos, aprobados recientemente por las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial Extraordinaria, recibieron previamente el visto bueno por parte del Gobierno en Consejo de Ministros.
9,5 millones para Castilla-La Mancha
Del total de fondos, algo más de 302 millones para este ejercicio y el 2023, Castilla-La Mancha recibirá 9,5 millones de euros, como ha especificado Llop, que ha confiado en que esas cantidades sirvan para mejorar el servicio público de la justicia y transformarlo.
Los sistemas autonómicos ya están conectados digitalmente con el Supremo
Por otro lado, Pilar Llop ha anunciado este jueves «como una gran novedad» que, «después de muchos años», todos los sistemas de gestión procesal autonómicos existentes, actualmente siete, son «interoperables» con el Tribunal Supremo (TS), lo que constituye «un primer gran paso para avanzar en ese diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los territorios».
La ministra explicado que llevaban «muchos años» trabajando sobre este aspecto que posibilitará avanzar en la interoperabilidad que demanda el nuevo modelo de justicia y que «todos los juzgados hablen entre sí, que los juzgados hablen también con otras instituciones, con fiscalía y con los distintos territorios».
Otro acuerdo destacado por la ministra de esta Conferencia Sectorial ha sido la aprobación del marco en el que deberán desarrollarse por parte de todas las comunidades autónomas y también del Ministerio de Justicia en los territorios que gestiona la nueva Oficina Judicial y los tribunales de Instancia.
En este punto ha indicado se está a la espera de la aprobación en el trámite parlamentario de las leyes de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal, así como de la Ley de Eficiencia Digital, que «pronto» llegará al Parlamento, y que sustentan, ha recalcado, «el gran proyecto modernizador, transformador de nuestra administración de justicia, porque la justicia es un poder pero también es un servicio público».
En este sentido ha indicado que el reto es situar el nuevo servicio público de justicia «al mismo nivel de los servicios públicos de educación y sanitario» y que esto se conseguirá con el despliegue de oficinas judiciales municipales, que supondrán una herramienta esencial en la cohesión social y territorial y en la igualdad en el acceso a los servicios de justicia.
«No hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano en cualquier lugar pueda acceder a los servicios de justicia», ha aseverado Llop.