Un juzgado ha abierto diligencias por la aparición de al menos 10 cuerpos con signos de violencia en la fosa 128 del cementerio de Paterna (Valencia), donde se estima que puede haber de 120 a 130 cuerpos de fusilados durante el franquismo, algunos procedentes de Toledo y Ciudad Real.
Una fosa en la que habrá exhumaciones
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Paterna ha abierto estas diligencias tras la aparición de estos cuerpos con signos de violencia, dos de los cuales presentan fracturas compatibles con disparos de proyectil en el cráneo.
Según la diputada provincial de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, las obras de excavación y exhumación de la fosa, que lleva a cabo el equipo ArqueoAntro, esperan encontrar alrededor de 130 fusilados, informa la Diputación de Valencia en un comunicado.
La diputada, el director arqueológico, Miguel Mezquida, el director antropólogo, Javier Iglesias, y Daniel Galán en representación de los familiares de víctimas del franquismo de la Fosa Común 128 han comparecido en los juzgados tras confirmarse la aparición de diez cuerpos.
Pérez Garijo ha explicado que los restos óseos muestran «evidencias claras» de muerte por violencia y Galán ha declarado que confían en que el proceso sirva para dignificar la memoria de los familiares: «Buscamos verdad, justicia y reparación», ha manifestado.
[ze_summary text=»Hay que dar justicia a las víctimas del franquismo»]Hay que dar justicia a las víctimas del franquismo[/ze_summary]Como en anteriores ocasiones, se han personado en el juzgado de Paterna para denunciar estas muertes, dentro de su objetivo de que las exhumaciones sean judiciales y «por fin» puedan «darle justicia a las víctimas del franquismo», ha manifestado la diputada provincial.
Los trabajos de exhumación comenzaron el pasado 2 de mayo y desde entonces se ha delimitado el contorno de la fosa común y se han excavado las paredes cubiertas de cal para extraer los huesos humanos.
En ese proceso se esperan localizar en torno a 130 víctimas asesinadas procedentes de localidades de la provincia de Valencia y de otros territorios como Murcia, Granada, Jaén, Toledo, Ciudad Real y Guipúzcoa.
Según han detallado en el acta judicial, los comparecientes consideran que los cuerpos localizados «presentan evidencias de crímenes de lesa humanidad» y estos son «imprescriptibles».