Según se indica en el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, al procesado se le imputan dos delitos de agresión sexual, un delito de violencia habitual en el ámbito familiar, tres delitos de violencia doméstica, un delito de allanamiento de morada, un delito continuado de quebrantamiento de condena y un delito de detención ilegal, todos cometidos contra la persona de su expareja.
En su escrito de calificación, el ministerio público indica que el procesado, I.S.R., había sido condenado por un juzgado de Ciudad Real en 2012 por un delito de violencia de género, posteriormente por quebrantar la condena que le prohibía acercarse a su expareja, y después en 2018 por un delito de maltrato habitual, en este caso por un juzgado de Valdepeñas.
Cansada de soportar la violencia
Asimismo, explica que el procesado convivió con la víctima en un domicilio de Valdepeñas hasta abril de 2018, cuando ésta le comunicó su decisión de dejar la relación, «cansada de soportar la violencia que, de forma reiterada, ejercía» sobre ella.
Este comportamiento motivó que un juzgado de Valdepeñas lo condenara, tras un juicio rápido celebrado en junio de 2018, por un delito violencia habitual en el ámbito familiar y cuatro delitos de violencia de género.
Pero a pesar de la sentencia, el procesado retomó su relación con la mujer «teniendo perfecto y cabal conocimiento de las penas de prohibición de aproximarse y comunicarse con ella «demostrando con ello el más absoluto desprecio hacia los pronunciamientos judiciales», mantiene el representante del ministerio público.
Así, acudió en más de una ocasión a su domicilio de Valdepeñas, donde mantuvo encuentros «que estuvieron presididos por el uso de la violencia, «con el exclusivo propósito de dominar, someter y anular» a la mujer, «a fin de doblegarla a su voluntad, buscando su aislamiento».
Controlaba sus movimientos en las redes sociales
Para ello, el acusado controlaba sus movimientos en las redes sociales, «hasta el punto de pedirle explicaciones de los chicos a los que tenía agregados» y la sometía a continuos seguimientos y a un riguroso control, «con el fin de conocer todos los detalles de su rutina diaria», e incluso la seguía hasta su lugar de trabajo o al colegio de sus hijos.
En su proceder, en una fecha comprendida entre julio y agosto de 2018, el acusado acudió a la casa de su expareja, y cuando le dijo que no quería seguir con la relación la agredió físicamente y la penetró vaginalmente.
La agresión se repitió en febrero de 2019, cuando volvió a la casa, y ante un comentario de la mujer, la agredió y la tiró al suelo, donde le escupió dos veces en la cara, según el fiscal.
Agresiones sexuales…
Los incidentes se repitieron dos meses más tarde, en abril de 2019, cuando el procesado entró la casa de su expareja, porque sabía que su exmujer estaba con otro joven, y al descubrirlos en el dormitorio empezó a insultarla, al tiempo que los conminaba a vestirse y dejó marchar al hombre.
Tras numerosos actos vejatorios contra su expareja, la obligó a acompañarlo a casa de su abuela, también en la localidad de Valdepeñas, donde estaba otra pareja, M.J.A.F. y V.G.M., a los que el encausado dijo que no se preocuparan si oían voces «porque estaban discutiendo», mientras que la mujer les dijo que se quería ir, sin que éstos hicieran nada.
El procesado la llevó a otro dormitorio, donde la penetró hasta en cuatro ocasiones.
La madre de la víctima denunció
Mientras tanto, la madre de la víctima puso una denuncia en la Policía Nacional después de que no contestara a las llamadas que le estaban haciendo a su teléfono ella y su otra hija, que motivó que el 7 de abril se presentaran en la casa en la que estaban agentes policiales, a los que tanto el procesado como la pareja que estaba en la vivienda aseguraron que la desaparecida no estaba en su interior.
No obstante, el procesado decidió dejar que la víctima se fuera, tras advertirle de que no dijera nada de lo ocurrido, y ordenó a M.J.A.F. que la acompañara «para que vieran sus familiares que la misma llegaba acompañada con una amiga», según el fiscal.
Por estos hechos, el ministerio público pide que el procesado sea condenado a 11 años de prisión por cada uno de los dos delitos de agresión sexual, a seis años por un delito de detención ilegal, a cuatro años por un delito de allanamiento de morada, a tres años por un delito de violencia habitual en el ámbito familiar, a un año por cada uno de los tres delitos de violencia de género, y a un año por un delito continuado de quebrantamiento de condena.
En el procedimiento también están encausados M.J.A.F. y V.G.M., a los que el fiscal acusa de ser los presuntos autores de un delito de omisión del deber de impedir delitos, por lo que pide que se les condene a una pena de 12 meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros.