Los ribereños han denunciado el «sinsentido» de las desaladoras paradas en Levante por motivos económicos y que obligarán a devolver 90 millones de ayudas a la Unión Europea por no ponerlas en marcha.

«Cuatro desalinizadoras, que costaron la friolera de 200 millones de euros, están paradas porque su agua cuesta más que la del trasvase, claro, subvencionada por todos los españoles», ha criticado en una nota de prensa el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.

El Gobierno central tendría que devolver dinero a la UE

Ha resaltado que «por no ponerlas en marcha, el Gobierno tiene que devolver a la Unión Europea 35 millones de euros por las plantas de Oropesa y Moncófar y otros 55 millones de euros por la de Torrevieja».

En total, 90 millones de euros «a costa de todos los españoles, por culpa de la desidia del Gobierno, de Camps y de Valcárcel, con los que se podría haber subvencionado la misma cantidad de agua que ha sido trasvasada desde 2015», ha afirmado.

Un representante del Scrats pide responsabilidad

Según los ribereños, tal es el «despropósito» que incluso Ángel Urbina, un representante del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, les ha «llamado la atención» y les ha pedido «que asuman la realidad y se tomen medidas para que, por ejemplo, 160 hm3 de agua depurada que salen de la depuradora de Rincón de León, en Alicante, no terminen anualmente en el mar por no haber concluido la construcción del colector».

«Quizás, antes de seguir pidiendo más y más agua, convendría que en el Levante hiciesen sus deberes, pusiesen las desaladoras en marcha, aprovechasen esas 17.000 balsas de agua que tienen o aprovechasen los 160 hm3 de agua depurada que vierten al mar o, mejor aún, que el Gobierno interviniese de una vez por todas para poner fin a todas las hectáreas de regadío ilegal que vampirizan el agua que a su vez nos roban», ha señalado Pérez Torrecilla.