La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha calificado de «nefasta» la política forestal del Gobierno regional en esta legislatura y ha reclamado al próximo gobierno electo que invierta en la protección del medio ambiente y «no se quede en un mero discurso».

Así lo ha manifestado la entidad a través de un comunicado remitido este martes, donde han anunciado que se unirán a la manifestación de Agentes Medioambientales convocada por los sindicatos para el jueves 9 de mayo en Toledo.

Política forestal, carencia de medios…

APAM ha denunciado la carencia de medios en las emergencias de incendios forestales como uno de los motivos de sus denuncias, porque han considerado que Castilla-La Mancha es una región muy afectada por el cambio climático, con el aumento cada año del número de incendios forestales que se producen en los meses más fríos.

La asociación ha pedido, en este sentido, más medios para atajar los incendios, porque según APAM hay carencia de Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de los agentes medioambientales fuera de la campaña alta, a lo que se suma la desactualización de la Orden de incendios forestales que repercute en una descoordinación a la hora de actuar en este tipo de emergencias, por no contar con la misma red de comunicaciones que todos los medios implicados.

Por otro lado, APAM ha mostrado su descontento por la obligación de cumplir la instrucción de la secretaria general de Agricultura de no denunciar los delitos medioambientales ante el sistema judicial y que, sin embargo, deban pasar las denuncias por el «filtro político» de la administración pública, pues según este colectivo, se trata de una instrucción ilegal y que «no da credibilidad» al actual Gobierno regional, pues según sus datos, tiene «varios investigados en sus filas».

La asociación ha denunciado también el bloqueo de las unidades especiales, como los de rescate en altura, de calidad ambiental o de embarcación en los medios acuáticos para los que reclaman una subida de categoría, tal y como establece la ley de la Función Pública y que según APAM llevan más de 8 años reclamando.