«No pueden gastar tanta agua. Están regando por encima de sus posibilidades con el agua de un río (el Tajo) que se agota, tienen que apostar por las desaladoras». Así de contundente ha sido la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, respondiendo a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, quien ha dicho que el recorte en el trasvase Tajo-Segura se debe a «criterios políticos».
«Lo que hay es una legislación europea (la Directiva Marco del Agua) y sentencias de los tribunales (que obligaban a establecer caudales ecológicos en el Tajo)», ha subrayado Padilla, quien ha recordado que esos son los motivos por los que se «tiene que dar la vuelta al trasvase Tajo-Segura, aunque todavía no se han modificado las reglas de explotación para adecuarlas a la nueva realidad del Tajo, con cada vez menos aportaciones de agua y con unos caudales mínimos que se tienen que cumplir.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado insistentemente ese cambio de las reglas y hoy la portavoz ha recordado que el agua es «imprescindible para el progreso», aunque ahora en el Tajo lo cierto es que «la realidad se impone y la verdad también», dado que esos caudales en el Tajo no se impusieron por capricho político y además, según ha recordado, se van a implementar de manera progresiva hasta los 8,7 metros cúbicos por segundo en Aranjuez hasta 2027.