La plataforma Stop Macrograjas Pueblos Vivos de Cuenca denuncia que una macrogranja de cerdos de Huerta de la Obispalía (Cuenca) sigue funcionando a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló su declaración de impacto ambiental después de las diligencias instruidas por el Seprona.
Además, aseguran en una nota de prensa que la Viceconsejería de Medio Ambiente «ha acelerado los trámites para otorgar nuevamente las autorizaciones precisas y que fueron anuladas por el TSJCM», en la que además explican que en el DOCM se volvió a publicar el 29 de junio de nuevo la declaración de impacto ambiental «de manera literal» que había sido anulada por la Justicia y que, aunque esto no hubiese sucedido, esta declaración solo tiene validez por tres años y fue realizada el 18 de junio de 2014. Por lo que, según Pueblos Vivos «no serviría a los fines pretendidos, debiendo iniciarse el proceso de evaluación ambiental de nuevo».
La plataforma reprocha la actuación de la Junta y dice que esta situación «debería haber llevado a la Viceconsejería a incoar expediente sancionador y dictar orden de clausura inmediata de la actividad, ya que no podría estar funcionando sin Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Ambiental Integrada ni licencia de actividad en regla. Sin embargo, la administración autonómica ha publicado nuevamente la Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial en fecha 29 de junio para intentar regularizar su situación lo antes posible».
También critican que las declaraciones de los representantes de la Junta «contradicen» el discurso que tiene el propio Gobierno regional sobre las macrogranjas, recordando las citas de Joaquín Cuadrado, director provincial de Agricultura en Cuenca, como el propio consejero del Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
«El objetivo del Gobierno regional es que todas las granjas que se pongan en marcha cuenten con las garantías ambientales y sanitarias necesarias», dijo Cuadrado, y «en Castilla-La Mancha se cumple la normativa ambiental y de control animal y si se detectan anomalías se sanciona a las empresas», expresó Martínez Arroyo.
Tras estas declaraciones indican que «en el caso de Huerta de la Obispalía, los órganos ambientales competentes están permitiendo con conocimiento de causa que esta explotación porcina funcione sin las autorizaciones ambientales pertinentes y, por tanto, sin el consiguiente control de sus actividades susceptibles de contaminación ambiental. No sólo no se sanciona sino que se han acelerado los trámites ambientales para que deje de estar en funcionamiento de manera ilegal, como está actualmente. Lo cual recuerda sin lugar a dudas al caso Incarlopsa, cuando la Junta obvió los reiterados informes de los funcionarios que indicaban el incumplimiento de la normativa de bienestar animal en el matadero de esta empresa cárnica y abrió expediente disciplinario a estos funcionarios».
Por último, el portavoz de Pueblo Vivos Cuenca, Daniel González, ha expresado a través del comunicado de prensa que «la administración regional, en especial la Viceconsejería de Medio Ambiente, está tramitando los expedientes de las explotaciones porcinas intensivas de manera acelerada incumpliendo la propia normativa ambiental, vemos como muchos casos se aprueban proyectos sin planes de abonado o sin especificar las parcelas donde se esparcirá el purín, requisitos indispensables. En este caso, la situación es más grave aún, puesto que una explotación porcina está en funcionamiento sin las correspondientes autorizaciones ambientales con conocimiento del órgano ambiental, que no sólo no lo sanciona sino que le facilita la tramitación con urgencia para evitarle el expediente sancionador que le debería acarrear».