El futuro Pacto Nacional del Agua gira en torno a cuatro ejes y medidas para garantizar una gestión sostenible del recurso que «no hipoteque el futuro de las generaciones venideras» para lo que apuesta por estudiar y organizar nuevos trasvases, establecer una tasa ambiental y tarifas «binómicas» a regantes, invertir en infraestructuras, modernizar regadíos y frenar el uso no autorizado del recurso.

Así consta en el borrador del Pacto Nacional del Agua elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y que se ha remitido al Partido Socialista para alcanzar el citado acuerdo de Estado.

El texto, de carácter confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, expone que «este es quizá el momento más adecuado» para impulsar un «gran acuerdo político» futuro para el agua porque los retos que plantea la gestión del recurso en el contexto actual de adaptación al cambio climático demanda «un pacto que defina una política de Estado, integradora, consensuada y solidaria, con vocación de continuidad a largo plazo».

Así, añade que el pacto debe asegurar el equilibrio en la protección medioambiental del medio hídrico y la atención de las demandas «en todo el territorio» y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad de la sociedad para «prevenir y mitigar a los impactos negativos del cambio climático».

En concreto, la propuesta lanzada por el Gobierno al principal partido de la oposición en el mes de febrero de este año se basa en cuatro «grandes ejes» de actuación sobre los que considera que debe estructurarse este pacto.

Estos ejes son el cumplimiento de los objetivos ambientales que fijan los planes hidrológicos de cuenca; la atención a los déficit hídricos para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro; poner en marcha los planes de gestión del riesgo de inundación y mejorar la gobernanza del agua para mejorar la gestión del recurso mediante incentivos al ahorro, la eficiencia y la transparencia.

En ese sentido, la propuesta quiere aportar «el mayor número de soluciones» a los problemas de la gestión del agua y lograr un uso más «eficaz, solidario, sostenible e integrado» de los recursos hídricos actuales.

El borrador del Pacto nacional del Agua llega después de 120 reuniones convocadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde julio de 2017, en las que han participado unos 600 representantes de comunidades autónomas, municipios, usuarios de agua, regantes, ONG, organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, colegios profesionales, universidades, etcétera.

Medidas concretas para atender el déficit «estructural»

Para atender al déficit hídrico «estructural» en España, el documento propone «estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica» de nuevos trasvases entre las distintas demarcaciones hidrográficas pero «siempre que cuenten con el consenso suficiente para una respuesta a largo plazo» y garanticen la «preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso».

Respecto a los trasvases existentes, la propuesta considera que es «necesario» ordenar, el Bistrasvase del Ebro y la transferencia del Guadiana a las cuencas internas del Tinto, Odiel y Piedras.

También ve preciso elaborar un Catálogo de las transferencias de agua actuales en España para poder disponer de las condiciones de cada una de ellas, su funcionamiento y la norma que las habilita.

Además, propone crear una comisión de gestión para cada uno de los trasvases para mejorar la transparencia en su gestión, e incluso si hay acuerdo lograr una regulación específica para cada transferencia, como en el caso del Acueducto del Tajo-Segura o el trasvase del Negratín Almanzora.

Otra de las iniciativas para atender al déficit hídrico por la que apuesta el Gobierno es impulsar las interconexiones para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca con una red de infraestructuras interconectadas que suministre «desde cualquier punto» al sistema.

Entre ellas, se refiere a la posibilidad de conectar distintos sistemas a las desaladoras, así como las que permitan interconectar los recursos convencionales y no convencionales.

Del mismo modo, quiere satisfacer la demanda de agua en un contexto de cambio climático mediante con infraestructuras convencionales y no convencionales en cada demarcación hidrográfica y considerar «actuaciones prioritarias» aquellas infraestructuras que están en el programa de medidas de los Planes Hidrológicos de cuenca vigentes.

También quiere poner en marcha un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas ya existentes y reforzar la capacidad del sistema para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático.

En ese ámbito, el borrador confidencial quiere impulsar medidas como al desalación o la reutilización; promover un uso eficiente del agua; fomentar el ahorro y la eficiencia en todos los sectores y en el uso doméstico y «en particular en la agricultura, como principal consumidor del agua».

Modernizar los sistemas de 800.000 hectáreas de regadío

Para ello, el texto pretende adaptar al agricultura de regadío al cambio climático con la modernización de unas 800.000 hectáreas de regadío, algo que considera un «elemento clave en la mejora de la gestión del agua».

El borrador del Pacto Nacional del Agua también quiere involucrar «activamente» a los Ayuntamientos en la operación y mantenimiento de sus redes de agua, para mejorar la eficiencia y promover el ahorro.

En materia de saneamiento y depuración la propuesta del Gobierno quiere priorizar las actuaciones que en la actualidad están «incursas en procedimientos de infracción abiertos» por la Comisión Europea y confía en hacerlo con «todas las administraciones competentes», al tratarse de una competencia municipal. Así, quiere realizar una auditoría continua para verificar que España cumple sus obligaciones europeas y para ello ve preciso renovar el «importante parque de infraestructuras e instalaciones existentes».

El Pacto hace referencia a la propuesta que en el marco de estas reuniones han presentado las comunidades autónomas para proteger «a largo plazo» determinadas masas de agua.

Estas son Doñana (Andalucía); Delta del Ebro (Aragón y Cataluña); Vegas fluviales, ría de Villaviciosa o embalse del Alto Nalón (Asturias); Parque nacional de la Albufera de Mallorca en Baleares; Marismas de Santoña (Cantabria); Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha); Lago de Sanabria (Castilla y León); Plan de gestión de especies invasoras como el camalote (Extremadura); Rías en Galicia; Mar Menor (Murcia); tramo bajo del Bidasoa (Navarra); Reserva de Urdabai (País Vasco) y la Albufera de Valencia.

Tasa ambiental y tarifas «binómicas» a regantes

El texto ve «necesario» impulsar acuerdos para la ordenación económica, modernización organizativa e institucional y de racionalidad regulatoria, así como la mejora de la eficacia de las administraciones.

En concreto, plantea establecer de forma obligatoria las tarifas «binómicas» a las comunidades de regantes para estimular el ahorro con bonificaciones y fomentar las agrupaciones de regantes. También quiere «avanzar» en la instalación de contadores de agua inteligentes tanto en sectores económicos como en el uso doméstico para «incentivar un uso eficiente».

En esa línea, buscará profundizar el control «efectivo» de los volúmenes de agua utilizados; mejorar la gestión de acuíferos compartidos así como «conseguir la plena implantación» del Registro de Aguas en toda España e inscribir en el Catastro «todos los títulos» para garantizar que el derecho privativo del uso del agua se vincule a una parcela concreta.

Finalmente, el borrador expone que una vez acordado el Pacto Nacional por el Agua, este se reflejará en el Plan hidrológico nacional que es el «instrumento jurídico de planificación» que ha permitido «una mejor regulación y coordinación de acciones necesarias para la gestión de un recurso natural tan importante como es el agua.