Izquierda Unida en Castilla-La Mancha ha considerado que la nueva derivación de agua del Tajo al Levante para este mes de agosto evidencia que la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se «ha reído» del Gobierno autonómico y de los castellano-manchegos tras la reunión que mantuvo la semana pasada en Toledo con el presidente regional, Emiliano García-Page.
Así se ha pronunciado en un comunicado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura haya propuesto este lunes un trasvase para el mes de agosto de 20 hectómetros cúbicos (hm3) para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras.
Crespo ha indicado que el trasvase, que ha tachado de «totalmente humillante» para los ciudadanos de esta comunidad, se realiza en un momento «frágil» para los pantanos de Entrepeñas y Buendía, los cuales han perdido 16,84 hectómetros cúbicos en la última semana, encontrándose a unos 521,02 hm3, lo que representa un 20,69 por 100 de su capacidad total.
«No ha transcurrido ni una semana desde que el presidente Page se fotografiara con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y anunciar a bombo y platillo la creación de una comisión bilateral, donde se supone se iba a tratar, entre otras cuestiones, el tema del trasvase Tajo-Segura» ha añadido Crespo.
Para el líder autonómico de IU, Ribera se «ha reído» de Emiliano García-Page y de las autoridades que le acompañaron en el encuentro, si bien ha insistido en que lo fundamental es el «desprecio» hacia los habitantes de esta autonomía.
«Una vez más hemos podido comprobar cómo la reunión del pasado 6 de agosto no ha servido absolutamente para nada y que el Gobierno regional no sabe defender los intereses de nuestra comunidad», ha lamentado.
Crespo ha explicado que esta situación se produce a pesar de que cuatro sentencias del Tribunal Supremo han dictaminado acerca de la ilegalidad que supone que no existan unos caudales ecológicos mínimos del Tajo a su paso por Toledo y Talavera y en el mismo momento en el que algunos municipios ribereños se encuentran con problemas de abastecimiento de agua.
La formación de izquierdas ha apelado a la sociedad civil para que «tome las riendas» y «obligue» al Gobierno de España a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y a defender los intereses de Castilla-La Mancha.