El vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, y Ecologistas en Acción han mantenido hoy una reunión en la que han coincidido en la necesidad de consolidar el medio ambiente «como un derecho» para disfrute de los ciudadanos, que pasa por que se destierre la visión de Castilla-la Mancha «como vertedero del país» y que el Tajo «tenga derecho a ser un río».

Estos han sido algunos de los temas que ha tratado este mediodía el vicepresidente segundo con el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Sebastián Ribera, y el portavoz regional de esta plataforma, Miguel Ángel Hernández, en un encuentro celebrado a instancias de la Vicepresidencia, en la que se ha hablado también del trasvase Tajo-Segura, el ATC proyectado en Villar de Cañas (Cuenca) y los proyectos de fracking en el Campo de Montiel.

En declaraciones a los periodistas en un receso de la reunión, el portavoz ecologista señalado como oportuna esta reunión, «en un momento crucial, la mitad de la legislatura, en la que hay que pasar de la defensa a la acción en materia medioambiental», ha aseverado.

[ze_summary text=»Un 40 por 100 de la inversión no se ha recuperado»]Un 40 por 100 de la inversión no se ha recuperado[/ze_summary] 

También ha subrayado que «ahora toca recomponer el daño muy serio que han sufrido las políticas medioambientales en tiempos pasados, con un recorte en la inversión del 40 por 100 que no se ha recuperado«, y acometer una serie de cambios a nivel normativo, incluso en el Estatuto de Autonomía, para que las cuestiones medioambientales y de derecho al agua se configuren como un derecho.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta García Molina ha indicado que, al hablar de medioambiente, «se puede pensar que es solo el derecho que tenemos los humanos al disfrute, pero a lo mejor no se trata solo del derecho a nuestro disfrute, sino del derecho de la propia naturaleza, del medio ambiente, a desarrollarse».

 

Y, en este sentido, ha asegurado que «uno de los mejores derechos sería dejar que el río Tajo tuviera derecho a ser un río y no otra cosa».

Para ello, ha coincidido con Hernández en que «se debe avanzar en dos vertientes: un cambio de cultura respecto a los temas medio ambientales, y los cambios legislativos que ayuden a que ese cambio de cultura se potencie y se asuma con más rapidez».

[ze_summary text=»Hay que revisar el modelo de trasvases»]Hay que revisar el modelo de trasvases[/ze_summary] 

Sobre el trasvase Tajo-Segura, el vicepresidente segundo ha indicado que «hay que ponerse en serio ya» a trabajar en una política de trasvases y ha abogado por una revisión del modelo de trasvases «ya sea para eliminarlo o sea para racionalizarlo con criterios de sostenibilidad y solidaridad».

En este sentido ha recalcado que, en la política de trasvases nos estamos jugando no solo la cuestión de la sostenibilidad, sino que el propio modelo de trasvase está señalado por las implicaciones económicas que tiene y hay muchos intereses en juego».

[ze_summary text=»Ha parecido que Castilla-La Mancha sea el vertedero de este país»]Ha parecido que Castilla-La Mancha sea el vertedero de este país[/ze_summary] 

Refiriéndose al ATC proyectado en Villar de Cañas, ha indicado que, «en algunos momentos, ha parecido que Castilla-La Mancha sea el vertedero de este país, que queremos implementar cementerios«.

Y en este punto ha ironizado: «Hemos tenido cementerios de neumáticos, hay quien quiere tener cementerios nucleares y creo que tenemos que cambiar esa lógica de la mentalidad de cementerios o de negocios que perjudican al medioambiente por una lógica de ponerlo en valor».

[ze_summary text=»ATC y Tierras están en un impás administrativo»]ATC y Tierras están en un impás administrativo[/ze_summary] 

Sobre este asunto, el portavoz de Ecologistas en Acción ha señalado que tanto el procedimiento del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) como el de los proyectos de tierras raras en el Campo de Montiel se encuentran «en una situación de impás administrativo», a la espera de la declaración de impacto medioambiental.

En el caso de las tierras raras, ha confiado en que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente emita «pronto» la declaración de impacto medioambiental y que ese dictamen sea negativo, «porque es evidente que este proyecto pone sobre la mesa un elevado impacto medioambiental que tiene, un elevado impacto sobre el consumo del agua y, sobre todo, el profundo daño que haría al modelo de desarrollo rural de toda una comarca».

En cuanto al ATC, ha dicho que «las señales» que tienen «son más negativas porque los movimientos que está habiendo por parte del Ministerio de Agricultura y de Enresa son los de seguir planteando documentos cada vez más voluminosos que ensombrecen el análisis medioambiental del proyecto y además no atienden algunos elementos tan elementales como es la evaluación de riesgos».

No son optimistas sobre la DIA en el ATC

A la vista de esto, ha señalado que en Ecologistas en Acción «estamos bastante preocupados, no sabemos por dónde va a salir la declaración de impacto medioambiental y no somos optimistas», ha aseverado.

En cuanto a la denominada «alianza rural» surgida en algunos sectores de la sociedad castellano-manchega que consideran una amenaza la protección medioambiental para el desarrollo económico de la región, tanto García Molina como Hernández han coincidido en que es «un error» enfrentar la cuestión de la sostenibilidad ambiental con la económica.

Y en este punto el vicepresidente segundo ha apuntado que, «si hacemos buenos negocios pero nos hemos cargado nuestra tierra y nuestro planeta no nos van a servir de mucho todos esos beneficios y viceversa: si tenemos un entorno idílico pero no podemos desarrollarnos económicamente, también sería una visión estrecha».