La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha acusado al Gobierno regional  de «abdicar ante el sector animalista más radical al elaborar un proyecto de Ley de Bienestar Animal que ataca directamente a la caza y, en particular, a ciertas modalidades tradicionales, como la caza con hurón y perros de madriguera».

Los amantes de la caza creen que deben mantener una postura firme

Ante esta ley, recalcan, «el sector cinegético, el taurino y el mundo rural deben mantener una postura firme, puesto que el articulado contraviene claramente los intereses de todos estos colectivos». Por ello Agustín Rabadán, presidente de la Federación, ha señalado que es sorprendente que la tramitación del documento se haya hecho en agosto, «mes en el que prácticamente todo está paralizado».

Por lo que considera que «es un claro signo de evitar que todos aquellos que tuvieran intereses en esta ley, y especialmente a los que afecte de manera negativa, como es el sector cinegético, no pudieran mostrar su rechazo».

Dice que en el nuevo texto que ha elaborado el Gobierno autonómico «ha desaparecido la petición que sí recogía el segundo borrador referente a que deben excluirse del ámbito de aplicación de esta norma los animales auxiliares del hombre cuando se utilicen en el ejercicio de la caza. Un nuevo texto que entra en conflicto directo con el mundo rural y sus actividades asociadas, como son la caza y su gestión, la ganadería y los festejos taurinos, que podría suponer la prohibición de las escuelas taurinas y los tentaderos en el campo».

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Ha dicho más, como que la nueva ley «también repercutirá negativamente en actividades como la hípica y el mundo del caballo. Pretenden hacer desaparecer la actividad del adiestramiento de determinados animales, con el único y exclusivo fin de que no puedan utilizarse en acciones cinegéticas. Prohiben expresamente el tiro de pichón y codorniz y no permite el control de aquellos animales domésticos que hayan terminado en el mundo rural».

Un texto que afirman que ha sido dirigido y redactado por el sector animalista, «por lo que no prohibe facilitar comida a los perros y gatos que, sin propietario ni control sanitario, deambulan por los pueblos y ciudades, hecho que además de molestias de suciedad y olores que deben soportar los vecinos también pueden suponer un serio riesgo de enfermedades transmisibles a las personas».

De ahí que finalicen su comunicado lamentando que sea un texto «que solo contiene vaguedades y ambigüedades sujetas a interpretación, dejando siempre la puerta abierta a la prohibición más extrema».