El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha vuelto a declarar nulo el Decreto de ampliación de la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito para convertirla en Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), en un recurso que interpuso el despacho Pilar Martínez Abogados en representación de un propietario de terrero al que afectaba la ampliación de esta zona, justo al lado donde se iba a construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el cementerio nuclear de Villar de Cañas.

En un comunicado de prensa, el despacho expone que su cliente se veía afectado por las limitaciones y restricciones que imponía a sus propietarios e intereses la extensión de la figura de protección de 1.000 a 25.000 hectáreas. La sentencia condena a la Junta de Castilla-La Mancha a pagar las costas de la demanda.

«Hemos acreditado una falta de rigor y fundamento técnico-científico en la desmesurada e injustificada ampliación de esta figura Red Natura, que afectó incluso al interés superior del Estado en el correcto almacenamiento de residuos nucleares, como infraestructura de interés medioambiental y para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en la materia», explica la abogada que dirigido la demanda, Pilar Martínez, quien expone en la nota de prensa que en el recurso aportaron la documentación relativa que realizó catedrático en ingeniería Domingo Gómez Orea y la consultora Melissa.

«La Junta de Castilla La Mancha adujo haber perdido el expediente que le fue entregado para contestar a la demanda, por lo que hubo que reconstruirlo con el que obraba en otros procedimientos judiciales. Esto no ha impedido el examen del fondo por parte del Tribunal pero, de acuerdo con la ley, limita la capacidad de actuación de la Junta, que no puede introducir cuestiones nuevas, lo que, desde nuestro punto de vista, tiene incidencia en la posibilidad de recursos, que consideramos que no es posible», explica la abogada que da nombre a este despacho especializado en temas medioambientales.

La abogada asegura que ampliar esta protección ambiental con el propósito de paralizar la construcción del cementerio nuclear en la localidad conquense fue «una resolución polémica y gravosa para las personas, empresas y administraciones, tanto del propio municipio como de los alrededores, puesto que obligó a los afectados a recurrir a los tribunales para defender sus derechos».

Ahora la justicia está dando reveses a los intereses de la Junta en este aspecto y el despacho de abogados recuerda que en la actualidad hay una primera sentencia favorable pendiente del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo y otra con dos recursos acumulados, que también está pendiente de salir, interpuesta por varios ayuntamientos y la asociación de afectados bajo la dirección de este despacho.

El proyecto sigue paralizado

De momento el proyecto sigue paralizado y en proceso de desmantelación. Fue una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, paralizaron el proyecto, al cual se había dotado con 144 millones en los presupuestos del anterior Gobierno, incluso se instó al Consejo de Seguridad Nuclear a que paralizada su informe perceptivo cuando ya lo tenían elaborado al 97 por 100.

Aun así la plataforma contra el cementerio nuclear anunció que se volvería a movilizar ante el nuevo escenario electoral, puesto que desde el Partido Popular se sigue apostando por la realización de este proyecto, como así aseguró el candidato al Congreso por Cuenca, el exministro Rafael Catalá.