La Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha se aprobará previsiblemente en el pleno de las Cortes del próximo jueves y estipula un plazo de doce meses para la creación de una tasa de vertido, para favorecer que los residuos no vayan directamente al vertedero sino que se valoricen, y además fijará una fianza para las empresas que manejen residuos peligrosos.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha comparecido en rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos esta Ley de Economía Circular que esta semana se someterá a votación para su aprobación en las Cortes y situará a Castilla-La Mancha «en la vanguardia» y como referente en España en la gestión de residuos.
El consejero ha explicado que la ley prevé que a los doce meses de su entrada en vigor se pueda desarrollar la estrategia regional de economía circular que establecerá «los detalles en cuanto a líneas de actuación y sectores».
Contempla, ha continuado Escudero, la creación de una tasa de vertido para «intentar que los residuos no vayan directamente a los vertederos sino que se valoricen y formen parte del concepto de economía circular».
Se gravarán «los residuos peligrosos y no peligrosos para persuadir a las empresas» de que hagan un tratamiento de los residuos para que «tengan una vida más amplia y puedan ser utilizados como subproductos en siguientes fabricaciones», ha explicado.
Asimismo se estipula el depósito de una fianza para aquellas empresas que manejen residuos peligrosos.
Con esta ley, ha indicado el consejero, se da respuesta al compromiso adquirido por el presidente regional, así como se contribuye a la lucha contra el cambio climático, a la transición energética y a la protección del medio ambiente.
Se sientan las bases, ha añadido, para atraer empresas a la región y para potenciar a las que quieran invertir y apuesten por esta economía circular, ya que recoge incentivos para las empresas que así lo hagan.
Supone un firme compromiso de la región en la preservación del medio natural y en favor de un consumo más responsable y acorde a los límites que plantea el planeta, ha dicho Escudero, quien ha insistido en que es una ley «necesaria y obligatoria» para hacer frente a los retos de crisis ambiental y climática y contribuir a la solución.
La ley, ha subrayado, ha contado con una importante participación y ha sido refrendada «por la sociedad civil y las empresas» que, de hecho, ha comentado, están ya trabajando en un grupo específico de economía circular, coordinado desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, con la participación de representantes de asociaciones, cooperativas y empresas públicas y privadas.
Es una normativa, según Escudero, que «tiene todos los ingredientes para ser aprobada por los grupos políticos», y por último ha resaltado que se calcula que alrededor de 30.000 empleos verdes estarán ligados a la economía circular.