La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, ha solicitado que el Gobierno aplique medidas urgentes y eleve los mínimos no trasvasables, tras la sentencia judicial que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo.
En una nota de prensa, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, ha justificado la petición por que entiende que «ahora es momento de tomar medidas urgentes» y que «las elecciones no pueden ser impedimento porque el medio ambiente no entiende de plazos electorales e independientemente de quien se siente en la Moncloa, tendrá que cumplir con lo dictado por la Justicia».
«Que se garantice el caudal ecológico del Tajo»
Por ello, la asociación ha exigido «la subida inmediata de los mínimos no trasvasables» en los pantanos de la cabecera del Tajo «de manera que se garantice el caudal ecológico del río, paralizando fulminantemente los trasvases en marcha por contravenir lo dictado por el Supremo«.
«Cada gota que se escapa hoy camino del Levante, es una gota ilegal», ha aseverado Pérez Torrecilla, que ha calificado de «intolerable» que «en estos momentos circule más agua por el Trasvase que por el río«, en referencia al acueducto Tajo-Segura.
Pérez Torrecilla ha celebrado que el Tribunal Supremo haya anulado parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo de 2016 en una sentencia que se ha conocido este sábado, y que a su juicio «es una excelente noticia para los ribereños».
Es consciente de que «hay que seguir trabajando y luchando por nuestros objetivos», pero ha subrayado que «esta sentencia nos facilita muchísimo la labor».
En este sentido, ha valorado que «parece ser que el poder judicial comienza a poner orden en el desmán del trasvase cuando el ejecutivo no terminaba de arrancar y el legislativo blindaba los intereses privados del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) frente al porvenir del río Tajo y sus millones de vecinos».
Y ha añadido: «Siempre habíamos dicho que esto era cuestión de voluntad política, pues bien, ahora es cuestión de cumplir la ley por parte de los políticos, obligados por el Tribunal Supremo».
También ha resaltado el esfuerzo y trabajo llevado a cabo por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación Grama, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel y los ribereños, que «marca por fin la diferencia».
Peréz Torrecilla ha sentenciado: «Parece que finalmente los ribereños también tendremos algo que celebrar este año, después de 40 años de saqueo del Trasvase Tajo-Segura» y ha augurado que «en unos años, volveremos la vista atrás y nos sorprenderán las cuatro décadas ominosas de terrorismo medioambiental«.