El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto reclamar que las desaladoras del Levante se pongan al 100%, para que no sea necesaria así el agua del trasvase. El presidente regional ha cargado duramente contra una infraestructura que se ideó en el Franquismo, «cuando no se podía discutir», y ha asegurado que con la autonomía de Castilla-La Mancha no se permitiría.
Durante la celebración del 45 aniversario de La Voz del Tajo, Page ha subrayado que el trasvase Tajo-Segura se fundamentó en «una gran mentira, un enorme fraude», puesto que los cálculos con lo que se hicieron para ser rentables eran falsos y las aportaciones hídricas deberían ser el triple, unas aportaciones que, según ha recordado, cada vez con menores con el cambio climático.
«Es insostenible y deja una herida profunda», ha apuntillado Page.
Por ello, justo el día antes de que se lleve a cabo una reunión clave para definir las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el Gobierno regional va a insistir en que en el Levante se puede sobrevivir con el agua desalada, porque es la única «inagotable», recordando que el problema es «el de siempre», el dinero, puesto que el agua del trasvase «es regalada, la pagamos todos».
El presidente regional ha insitido que la idea no es acabar con ningún sector y que las nuevas normas puedan repercutir en los regantes, pero por ello ha insiditido en que la solución es la desalación.
En esa reunión para definir las nuevas reglas, Castilla-La Mancha va a defender que ahora es la región que se enfrenta a una situación de mayor vulnerabilidad en comparación a las comunidades autónomas receptoras del trasvase (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía).
Una vulnerabilidad que, según argumenta el Gobierno regional, viene dada porque las normas del trasvase se diseña con un volumen de aportaciones hídricas que no se corresponde con la actualidad, donde se han visto mermadas por el trasvase. Además, también argumenta que la región no tiene acceso a otras fuentes alternativas de agua.
Así, también recuerda que el actual trasvase supone una «transgresión» del ordenamiento jurídico actual, puesto que se detalla que la cuenca decente tiene prioridad sobre la receptora, algo que no pasa en el caso de la cuenca del Tajo.