El procedimiento penal (D.P. 68/2021) abierto en enero de 2021, por las presuntas talas irregulares en la Cañada del Mostajo, (en el mismo nacimiento del río Escabas) dentro del PN de la Serranía de Cuenca, a partir de las denuncias de los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, deberá esclarecer si los investigados han podido incurrir en la comisión de delitos muy graves.
Cinco posibles delitos
En concreto, la acusación particular, de Ecologistas en Acción CLM, estudia plantear la imputación por 5 delitos contemplados en el Código Penal vigente, contra el medio ambiente.
Los investigados hasta hoy son José Antonio Díaz López como responsable de la empresa vallisoletana Contradi S.L. y D. David Serrano Cruz como gerente de la empresa pública conquense. La organización ecologista no descarta la imputación de más personas, cuando se sustancien las diligencias que se solicitarán ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca.
El auto señala que en el atestado 52/21 del Seprona se recogen indicios de que ha existido destrucción de hábitats protegidos por el tránsito continuado de maquinaria pesada (procesadoras y autocargadores), la tala de árboles verdes y vivos (bajo licencia de un aprovechamiento solo para árboles tronchados, tumbados y muertos por una nevada en abril 2018) y el vertido de hidrocarburos en los nacederos del río Escabas. Por ello, revoca el archivo de la causa y ordena profundizar en la investigación de los hechos y en especial en las afecciones a los hábitats protegidos.
Obras posteriores en el lugar de los hechos
Según un comunicado de prensa de Ecologistas en Acción, el delegado de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina, hasta ahora, se ha puesto del lado de los investigados, ordenando incluso (eufemísticamente) «medidas complementarias», que bajo pretexto de restaurar la zona y restablecer el equilibrio alterado, han pretendido ocultar las pruebas de los hechos denunciados. Estas obras de «restauración» que fueron ejecutadas por la empresa investigada «CONTRADI S.L.», han sido también denunciadas por Ecologistas en Acción, por entender que son sancionables en aplicación de la Ley 5/2007, por el que se declara el Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Sanciones paralizadas
Estas obras se justificaron a raíz de la apertura, por orden de Molina, de tres procedimientos sancionadores iniciados en abril (cuando las infracciones se producen entre septiembre y diciembre de 2020), que se corresponden con los mismos hechos que se están esclareciendo en el Juzgado. Esta maniobra suponía (según los ecologistas) el intento de Molina de desviar hacia procedimientos administrativos los hechos a juzgar por vía penal.
Pese a que Ecologistas en Acción se opuso mediante varios escritos (el primero en mayo pasado) a que se tramitaran hechos tan graves por vía administrativa (puesto que la legislación lo impide) no se le atendió su alegato. Finalmente, Molina paraliza dichos procedimientos sancionadores mediante tres escritos que remitió a la organización ecologista el 20/09/2021.
«Insólito» que el delegado de la Junta «se posicione al lado de los delincuentes»
Tras esta reapertura judicial de la causa, el representante de Ecologistas en Acción en la Junta Rectora del PN de la Serranía de Cuenca Víctor García De Luca, ha manifestado la satisfacción de la organización porque estos «hechos gravísimos», que denunciaron los los Agentes que denunciaron en varias ocasiones en octubre de 2020 y Ecologistas en Acción desde enero de 2021, «se puedan esclarecer hasta sus últimas consecuencias».
«Lo insólito de este caso, es que el Delegado de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina, se posicione del lado de los presuntos delincuentes. Incluso da orden de ocultar los daños a los hábitats protegidos y retirar la madera cortada sin informar al juzgado. Si mantiene su posición, aparecerá a los ojos de la opinión pública como implicado, por lo que entendemos que debería dejar su cargo», ha expresado García.
En cuanto al Gerente de Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., García ha indicado que «no puede permanecer ni un día más en su puesto: está en juego la credibilidad del Ayuntamiento de Cuenca y su compromiso en la lucha contra la corrupción en su seno. Igualmente quedaría en entredicho la gestión sostenible de los montes propiedad del Ayuntamiento de Cuenca»
Así se pronuncia la Audiencia de Cuenca en su auto
«Se constata en dicho atestado [atestado 52/21 del SEPRONA] la existencia en el lugar de los hechos de rodadas profundas (en algunos puntos alcanzan los 60 centímetros de profundidad) que han eliminado la cubierta vegetal existente en una superficie aproximada de 11.393 metros cuadrados y que han compactado el terreno, lo que podría generar una alteración sustancial en la capacidad de saturación del suelo. El trazado de dichas rodadas (se comunican con las «calles de tala» y con las pilas de trozas) y sus características, parecen estar directamente relacionadas con vehículos de grandes dimensiones utilizados en el aprovechamiento forestal objeto de investigación. La zona de actuación abarca lo que se considera el nacimiento del río Escavas, viéndose afectados como consecuencia de las referidas rodadas, los regueros, ramblas y arroyos que facilitan su formación. El agua embalsada en algunos de los huecos generados por las rodadas observadas presenta la película superficial que caracteriza la presencia de hidrocarburos. Tales actuaciones han afectado a un hábitat protegido como es el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Asimismo, ha quedado afectada una superficie aproximada de 434 metros cuadrados de comunidades anfibias de humedales estacionales oligomesotróficos, declaradas de especial protección conforme al Anexo 1 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza, así como una superficie aproximada de 10.959 metros cuadrados de praderas de diente y prados de siega de tipos subatlánticos, hábitat seminatural de interés especial. Por otro lado, se explica que un porcentaje importante de los árboles talados eran sanos y verdes.»
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«… el archivo de la causa resulta prematuro en este momento, debiéndose profundizar en la investigación al objeto de determinar la concreta naturaleza y circunstancias de las actuaciones de aprovechamiento forestal objeto de las actuaciones, así como determinar del modo más preciso posible su exacta incidencia medioambiental en los hábitats protegidos anteriormente indicados…»