Parece que a algunos líderes políticos, tan ocupados como están en sus negociaciones para repartirse los sillones del poder, les importa poco la tragedia humanitaria de quienes se ahogan en el Mar Mediterráneo casi a diario, en su intento desesperado por llegar a las costas españolas en busca de una vida mínimamente digna. En 20 meses -año 2018 y primer cuatrimestre de 2019- han fallecido en esas aguas al menos 1.020 personas, al naufragar las pateras o viejas embarcaciones en las que navegaban. Los cadáveres del 80 por 100 de ellas, 816, no han sido encontrados. Pero algunos políticos no suelen hablar de esto.

Este balance de víctimas lo ha dado a conocer la organización Caminando Fronteras, en un informe titulado Vida en la necrofrontera que, en 97 páginas, recoge los testimonios de decenas de personas migrantes que cuentan su sufrimiento y la violación de sus derechos mientras aguardaban en la frontera de Marruecos la oportunidad de iniciar una travesía hacia España que no sabían cómo iba a acabar, la mayoría después de pagar importantes cantidades de dinero a las mafias de traficantes de personas.

Denuncian el necrocapitalismo contra las personas migrantes

«En este momento, lo mismo en Centroamérica que en el Mediterráneo, decenas, cientos, miles de personas están intentando atravesar alguna frontera. Van con sus niños y niñas a cuestas, con su impulso de vida, con la determinación de encontrar nuevos motivos para mantener la esperanza. Mientras ello ocurre, el necrocapitalismo está poniendo en marcha toda su maquinaria de muerte para apresarles, esclavizarles y convertirles en mercancías», escribe en el prólogo del informe Marusia López, de la organización Just Associates (JASS).

Los datos estremecen: en 20 meses han constatado 70 naufragios (uno en la ruta de Canarias, 23 en el Estrecho de Gibraltar y 46 en el mar de Alborán), 12 embarcaciones desaparecidas, 204 cadáveres rescatados y 816 desaparecidos.

Otro dato igualmente estremecedor, también de los últimos días de junio, es el referido a la violencia de género: desde el 1 de enero de 2003, cuando empezaron a ser contabilizadas las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas o exparejas, hasta este mes ha habido 1.001 víctimas, una media de casi cinco al mes. Solo en lo que va de año ya ha habido 26 mujeres asesinadas.

PP y Ciudadanos gobiernan con quienes no hablan de violencia de género

En teoría, casi todos los líderes políticos dicen que quieren que se adopten medidas tanto con la migración como con la violencia de género. Pero esas afirmaciones se contradicen con lo que algunos de ellos hacen en la práctica. Porque, si de verdad quieren abordar con seriedad esos dos terribles problemas para intentar resolverlos, ¿cómo pueden explicar el PP y Ciudadanos que estén gobernando en Andalucía, en Madrid y en otros ayuntamientos con el apoyo de un partido ultraderechista (Vox)  que propone expulsar a los inmigrantes que entran en España sin documentación (como si no fueran personas, sino especies invasoras contaminantes), reclamar el coste de sus intervenciones sanitarias a sus países de origen (que no harían ni caso) y que no habla de violencia de género sino de «violencia intrafamiliar» (como si hubiera habido 1.001 hombres, abuelos o hijos asesinados).

Resolver el problema de la llegada de inmigrantes sin documentación requiere la colaboración de la Unión Europea, no solo de España, y requiere actuaciones en los países de origen. Intentar reducir las muertes de mujeres que son asesinadas porque son mujeres, en una sociedad históricamente machista que todavía lo es, no se resuelve solo con un pacto de Estado si después no hay dinero suficiente para financiarlo, ni cambiando de nombre a esa violencia específica contra ellas o eliminando las subvenciones a organizaciones feministas que luchan contra esta lacra, como pide Vox.

Los líderes políticos lo saben, porque estos dos temas constituyen un grave problema social desde hace años y se ha hablado mucho de ellos. Pero, por lo que se está viendo, tienen poco tiempo ahora para ocuparse de estos asuntos porque están dedicados a otros menesteres más importantes para sus intereses personales o de su partido: el reparto de sillones de poder en gobiernos autonómicos y municipales. Aunque siempre lo niegan, claro, y proclaman a bombo y platillo que actúan movidos por el interés general de la ciudadanía.