Vivir para ver. Ahora resulta que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no quiere que le llamen «huido de la Justicia». Su abogado ha pedido al Tribunal Supremo que en sus escritos no se refieran a él como «huido»,  porque es un término peyorativo, sino como «procesado ausente». Por respeto a una parte de la ciudadanía catalana que defiende la independencia, y por respeto a otra parte que se opone porque se siente catalana y española, ¿cuándo va a terminar el disparate de tener a siete millones y medio de personas y a varios partidos políticos pendientes de un personaje que parece haber perdido los papeles y demuestra, con sus ocurrencias, que ya no puede ocupar un lugar en la vida política?

Sorprende que esta petición la haya hecho el abogado defensor de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, un letrado y profesor universitario con una dilatada y reconocida experiencia profesional. Hay que suponer que la ha planteado por órdenes de su cliente.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Se puede discutir si está justificado acusarle de rebelión, y muchos juristas dicen que no hay argumentos para imputarle ese delito. Pero lo que no se puede discutir es que el expresidente catalán es un «huido de la Justicia», porque no ha estado ni está a disposición del magistrado que ha instruido la causa contra él y otros independentistas, está huido.

Puigdemont no ha comparecido ante el juez del Tribunal Supremo

Dice el abogado en su escrito que los periódicos editados fuera de Cataluña llaman a Puigdemont «huido» de forma peyorativa, y que también se refieren a él como «prófugo» y «fugado». Claro. Es que cuando alguien está siendo investigado por un juez y no comparece a las citaciones porque se ha marchado al extranjero, no se entrega a la Justicia en otro país sino que fue detenido allí y no regresa a España para ponerse a disposición del juez instructor, es declarado en rebeldía (como acordó el magistrado Llarena en su día) y se convierte en un huido o prófugo. Se llame Carles Puigdemont o se llame Pepito Pérez.

Pero no ha sido esta petición lo único que ha sorprendido últimamente en torno a Puigdemont. Joan María Piqué, que fue su jefe de campaña en las elecciones autonómicas catalanas de diciembre pasado y ahora es su jefe de prensa, ha defendido que Puigdemont puede dirigir desde Bruselas los destinos de Cataluña con este insólito argumento: «Hay tanta distancia, o quizá un poquito más, de las Canarias a Madrid como de Barcelona a Bruselas. Y a nadie se le ocurre decir que las Canarias están dirigidas telemáticamente. Pues no, porque es territorio español». Con esas mismas palabras defendió hace meses que Puigdemont debía ser investido diputado del Parlament catalán, naturalmente que sin ningún éxito. Cada cual puede hacer el ridículo como quiera.

El argumento es tan absurdo que no merece ser comentado. Pero al menos hay que decir que el jefe de prensa de Puigdemont  se olvida de que Canarias tiene su propio gobierno autonómico legítimo, que no está huido de la Justicia ni se encuentra en un país extranjero. En fin…

Un mes de agosto político demasiado intenso

La vida política está siendo demasiado intensa en este mes de agosto. A las sorprendentes ocurrencias de Puigdemont hay que añadir el vergonzoso acuerdo que alcanzaron el PDeCAT y ERC (los socios de Gobierno en Cataluña) para repartirse los nombramientos de los cargos de TVE3 y Cataluña Ràdio, que ha denunciado el Comité de Empresa de la televisión autonómica catalana; el lamentable espectáculo que se ha vivido durante semanas hasta poner en marcha el concurso público para elegir la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE; algunas polémicas en torno a los dos primeros meses de Pedro Sánchez como presidente (unas con fundamento y otras sin él o directamente falsas, como el supuesto viaje a Valencia para recibir al buque Acuarius que le critica Pablo Casado pero que nunca hizo)…

Una mención especial merece la actuación de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, donde ese partido ha repetido su táctica de criticar al Partido Popular pero a continuación salvarle la vida. A principios de julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desmanteló una trama que se dedicaba a la instalación de semáforos y cámaras de tráfico a precios muy inflados en 44 ayuntamientos. Una de las personas investigadas es el concejal del PP en León José María López Benítez.

El chivatazo del alcalde a un empresario

Pero la Policía también tiene grabadas unas conversaciones telefónicas en las que alcalde de León, Antonio Silván Rodríguez (que ha sido incluido por Pablo Casado en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP) llama al empresario José Luis Ulibarri (constructor y dueño de varios medios de comunicación en Castilla y León, acusado en el caso Gürtel y actualmente encarcelado como presunto cabecilla de esta trama de los semáforos) y le da el chivatazo de que no va a ganar un concurso público por un millón de euros, porque están a punto de resolverlo y le acaban de decir que hay una propuesta mejor que la suya. Ulibarri le dice que a ver cómo se arregla el asunto y le comenta que él va a hacer «una gestioncilla rápida» antes de que adjudiquen el concurso.

Tras conocerse esa conversación, el PSOE presentó una moción de censura contra el alcalde popular, que han apoyado los concejales de León en Común, León Despierta y Unión del Pueblo Leonés. Ciudadanos, cuyos votos eran necesarios para que prosperara la moción, no la ha votado y se ha conformado con que dimita el concejal López Benítez y se constituya una comisión de investigación, que presidirá el partido de Albert Rivera.

La historia se repite. Esta es la misma decisión que las que adoptó Ciudadanos cuando tuvo que dimitir el anterior presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y cuando tuvo que dimitir Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. En ambos casos el partido naranja se opuso a las mociones de censura que hubieran dado esos gobiernos al PSOE. Y en ambos casos Ciudadanos ha presumido de haber conseguido esas dimisiones… pero esos gobiernos regionales siguieron en manos del PP.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento leonés, Gemma Villarroel, ha dicho que duda de la honradez política del alcalde, e incluso le ha recordado que quizá está cerca el momento en que tenga que dimitir porque sea imputado por corrupción política. Pero, pese a ello, ha preferido mantener a Antonio Silván en su puesto en vez de apoyar la moción de censura, aunque sabe que una comisión municipal de investigación no va a llegar a ninguna parte. Curiosa manera de combatir la corrupción y de presumir por ello. Actitudes poco comprensibles del partido de Albert Rivera.