A los responsables de un hotel de la localidad de Blackpool (Reino Unido) no se les ha ocurrido mejor idea que cobrar 100 libras (125 euros) a los clientes que critiquen al establecimiento en internet. Al ministro del Interior de España, Jorge Fernández, se le ocurrió algo mucho más grave, probablemente con la intención no confesada de frenar las críticas y protestas de los ciudadanos: ha promovido una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida ya como Ley Mordaza, que no solo limita la libertad de expresión sino también los derechos constitucionales de información y reunión.
Ese hotel británico aplicó tan sorprendente medida cuando un matrimonio, tras haber dormido una noche allí, escribió en internet que era un establecimiento «asqueroso, sucio y maloliente». ¿Cómo impedir estas críticas?, debieron pensar. Muy sencillo: imponiendo una norma, de esas que nadie lee, indicando que por cada crítica que se haga de manera pública cobrarán un recargo de 100 libras. Dicho y hecho: dos días después de haber dejado el hotel, el matrimonio descontento comprobó que con su tarjeta de crédito les habían cobrado esa cantidad.
Afortunadamente, lo del recargo en el hotel se va a resolver -quizá ya se ha resuelto- sin mayores consecuencias, porque el Ayuntamiento ha reclamado al establecimiento que devuelva ese dinero y anule dicha norma, totalmente ilegal por ser contraria a la libertad de expresión.
TODOS EN CONTRA, MENOS EL PP
El caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se encuentra en trámite en el Congreso, es mucho más grave y hay motivos sobrados para temer lo peor. Cuando el ministro Fernández la presentó y defendió ante el Pleno del Congreso solamente le apoyó el PP, mientras los portavoces de los demás partidos políticos, de manera unánime, la criticaron con dureza y presentaron nueve enmiendas a la totalidad del texto pidiendo que fuera devuelto al Gobierno para que elaborara otro. No tuvieron éxito.
Cuando se conoció el primer borrador de este proyecto de ley, hace casi un año, las críticas fueron muy duras porque incluía unos cuantos disparates contrarios a la ley y a los usos de una democracia. El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal advirtieron de que varios artículos podían ser declarados inconstitucionales; el Gobierno modificó el texto e introdujo varias recomendaciones de esos órganos, pero continuaron las críticas.
GARANTIZAR EL ORDEN Y EL DERECHO A PROTESTAR
En las manifestaciones y protestas en la calle los policías tienen la misión de garantizar el orden público e intentar evitar actos violentos. Pero también deben garantizar el derecho de la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica y el derecho de los periodistas y fotógrafos a realizar su trabajo para poder informar, una tarea que con frecuencia ven obstaculizada por algunos, sólo algunos, agentes. En el caso de que un policía abuse y se sobrepase en ese cometido, como se denuncia de vez en cuando, los jueces son los que deben decidir. Pero esta ley del ministro del Interior, refrendada por el Gobierno, concede mucho más poder a los policías en detrimento del papel de los jueces, que son los que garantizan la legalidad.
Al leer el proyecto de ley se puede pensar que ha sido escrito para impedir que los ciudadanos protesten en la calle contra el paro, el deterioro de la sanidad o la enseñanza, las medidas que ha ido aprobando el Gobierno o lo que les venga en gana: prevé multas escandalosamente altas, considera delito muchas acciones que antes eran faltas, restringe derechos fundamentales como los de expresión, información y reunión…
Además de los órganos constitucionales citados y de todos los partidos del Congreso, excepto el PP, la ley ha sido muy criticada por organizaciones tan reconocidas como Amnistía Internacional, porque limita derechos constitucionales de los ciudadanos. Otros colectivos -entre ellos No Somos Delito, Jueces para la Democracia, SOS Racismo, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Greenpeace, …- han enviado una carta al relator especial de Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en la que denuncian la restricción de derechos que implica esta norma legal.
EL MINISTRO NO ACEPTA LAS CRÍTICAS
Al ministro Fernández parece que no le importa nada este aluvión de críticas. Podría pensar que quizá lleven algo de razón, porque son muchas y proceden de frentes muy diferentes, pero actúa como si no las hubiera escuchado. En el debate en el Congreso, tras soportar los duros reproches de los nueve portavoces de todos los partidos de la oposición, se atrevió a decirles que no concretaban qué derechos y libertades restringe esta ley «porque no es verdad». ¿Pensará que todos, desde Amaiur a CiU, pasando por el PNV o el PSOE, se habían puesto de acuerdo contra él y el Gobierno para reprocharle algo que es falso?
Las críticas siempre son necesarias y los políticos, todos, tienen que aceptarlas. Las únicas barreras que no se deben traspasar son las de la vida privada y la del insulto. En una democracia no se debe intentar reprimir las críticas con leyes y ningún Gobierno, sea de un partido político o de otro, lo va a conseguir. Y si no, al tiempo.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Aunque va a recurrir al Tribunal Constitucional, el alcalde de Yuncos (Toledo), Gregorio Rodríguez, del PP, debe dimitir, porque ha sido condenado a siete años de inhabilitación por anular varias multas de tráfico a un vecino. La presidenta del PP y de la región, María Dolores de Cospedal, tiene que exigírselo.
Los ciudadanos están hartos de que los políticos exijan dimisiones cuando el afectado es del partido adversario -en algunos casos nada más iniciarse el procedimiento judicial y sin que exista una condena-, pero busquen todo tipo de justificaciones cuando se trata de uno de los suyos. Si este alcalde llega a ser declarado inocente por el Constitucional, su partido podrá entonces rehabilitarle y divulgar a los cuatro vientos la sentencia. Pero mientras tanto, no puede seguir al frente de la Alcaldía con una condena sobre sus espaldas. Y esto sirve tanto para el PP como para el PSOE. Los políticos, además de honrados, deben parecerlo.