¿Por qué les cuesta tanto a algunos políticos, cuando se equivocan en lo que hacen o dicen, reconocer que se han equivocado y pedir disculpas? El ex ministro Miguel Arias Cañete, cabeza de lista del PP para las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo, ha tardado nada menos que seis días en reconocer públicamente que pronunció una frase «desafortunada» sobre su debate en TVE con la socialista Elena Valenciano, el 15 de mayo.
Él ha dado una explicación nada convincente para justificar tanta tardanza y su partido ha reaccionado actuando directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información.
La mayoría de los medios de comunicación han coincidido en que Valenciano ganó a Arias Cañete en ese cara a cara. Al día siguiente, para justificarse, el candidato del PP afirmó en Antena 3 que se había comportado ante la candidata socialista como si no fuera él mismo, porque «el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado». ¿Por qué es complicado? Lo explicó así: «Porque si haces un abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista y estás acorralando a una mujer indefensa», dijo. Y armó la marimorena, porque de esas palabras ha habido quien ha deducido que considera a los hombres con «superioridad intelectual» sobre las mujeres.
El PSOE ha aprovechado esas afirmaciones de Cañete, que unos consideran solo un error mientras otros las ven como un reflejo de lo que piensa realmente el ex ministro sobre las mujeres. Y el candidato del PP, obligado por la polémica y por la reacción de los socialistas europeos -no hay que olvidar que su partido quiere que, después de ser eurodiputado, sea elegido comisario europeo-, ha dicho seis días después que él no es machista pero que estuvo desafortunado al pronunciar esa frase y que, si ha ofendido a alguien, pide disculpas.
ENTREVISTAS ANULADAS
Quienes conocen a Miguel Arias Cañete, cuyo trabajo al frente del Ministerio de Agricultura ha sido en general bien valorado -era el ministro al que los ciudadanos ponían la mejor nota en las encuestas-, dicen que es un hombre campechano y extrovertido y muy abierto; atribuyen a ese carácter su supuesto «error» al pronunciar la polémica frase. Y, para evitar que pudiera equivocarse otra vez, a los asesores del PP en la campaña electoral no se les ocurrió otra idea mejor que anular varias entrevistas que ya estaban acordadas y no conceder otras a importantes medios de comunicación.
Lo que pretendían, aunque lo han negado públicamente, era proteger al candidato y someterlo lo menos posible a las preguntas de los periodistas, para evitar que pudiera meter la pata otra vez con alguna declaración polémica durante la semana que quedaba de campaña electoral. Dicho y hecho: con la excusa de que tenía la agenda muy «sobrecargada» -todos los candidatos en todas las campañas electorales tienen la agenda diaria repleta de actividades durante todo el día-, anularon o no concedieron entrevistas a la emisora esRadio, los digitales ElConfidencial.com y Eldiario.es, la cadena Ser, el diario El País, la agencia Efe y algún otro periódico de los más importantes.
Es cierto que un candidato no puede conceder entrevistas a todos los medios de comunicación, porque no tendría tiempo para hacer ninguna otra cosa -mítines, encuentros sectoriales…- durante los 15 días de la campaña electoral. Pero también lo es que los equipos de campaña -y el PP cuenta con mucha gente trabajando en ellos- organizan las actividades y entrevistas con minuciosidad y con antelación precisamente para que el candidato pueda hacer lo que es propio de una campaña electoral y, además, ser entrevistado en los diarios, emisoras de radio y cadenas de televisión más importantes. En alguna ocasión tienen que cambiar la hora o el día de una entrevista, por algún imprevisto de última hora, pero nada más. Por tanto, lo de la «agenda sobrecargada» no cuela y suena claramente a excusa.
CONTRA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Al adoptar esa decisión, al PP y a sus asesores se les ha olvidado un pequeño detalle: los varios millones de ciudadanos que escuchan o leen los medios de comunicación a los que Cañete no concederá entrevistas tienen tanto derecho a recibir información de su candidatura y su partido como los que asisten a sus mítines o los que siguen otros medios con los que sí ha hablado. Porque el derecho a la información no es ni del candidato Miguel Arias Cañete ni del PP ni de los periodistas, sino de la ciudadanía.
Se mire por donde se mire, esta decisión es una prueba más del escaso interés que tienen los dirigentes del PP por el derecho a la información de la ciudadanía y por los profesionales del periodismo, que son los encargados de que ese derecho constitucional sea una realidad.
En varias ocasiones, el PP ha anunciado que boicoteaba a un medio o un grupo de comunicación, negando entrevistas y declaraciones -el PSOE también ha cometido ese error alguna vez-. Y en su programa electoral para las elecciones del 25 de mayo los «populares» no incluyen ni una línea dedicada al derecho a la información y al periodismo. ¿Para qué hablar de ese asunto, deben pensar, si lo que más les interesa es controlar los medios públicos y, en la medida que pueden, también los privados?
A pesar de todo, o precisamente por eso, el domingo 25 de mayo hay que ir a votar. Cada cual a quien quiera, por supuesto. Porque los recortes y las medidas de austeridad que venimos padeciendo los españoles en los últimos años vienen, en buena parte, impuestas por Europa. Quien no vote, no tendrá ninguna autoridad moral para quejarse.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Sorprendente. El Gobierno de María Dolores de Cospedal eliminó el sueldo a los diputados autonómicos, con el demagógico argumento de que tienen que dar ejemplo de ahorro -con lo que sólo podrán participar en esa actividad política los ciudadanos con recursos económicos-, pero ahora va a pagar casi un millón de euros a una empresa privada para que le diga qué demandantes de empleo inscritos en las listas del paro pueden trabajar y a cuáles dar de baja si rechazan las ofertas.
Ese informe va a costar casi lo mismo que el ahorro de un año en sueldos de los diputados autonómicos. Que lo expliquen: ¿los servicios de la Junta de Comunidades no pueden controlar si las personas demandantes de empleo aceptan las propuestas que reciben o alegan excusas para rechazarlas?