Agustín Yanel
El Gobierno y los dirigentes políticos de todos los partidos dicen que defienden el derecho a la información, y que los medios de comunicación y los periodistas son imprescindibles en una sociedad democrática. Esa es la teoría, pero en la práctica, lamentablemente, el Gobierno y muchos políticos pretenden controlar a los medios y a los informadores. Esto no lo deben permitir ni los informadores ni los ciudadanos, porque atenta contra un derecho constitucional de la ciudadanía, el derecho a la información y la comunicación.
En Cataluña, los agentes de la Policía Autonómica, los mossos d’esquadra, pueden requisar las cámaras de fotografía o de vídeo de los informadores que cubren manifestaciones o protestas en la calle cuando esos agentes, y no un juez, lo consideren oportuno. Para erradicar ese abuso antidemocrático, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) presentó una iniciativa en el Parlamento catalán para instar al Gobierno autonómico a que anule esa norma, pero esta propuesta ha sido rechazada porque han votado en contra los diputados de Junts pel Sí -la formación que gobierna esa comunidad, integrada por la antigua Convergència Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana y organizaciones de la sociedad civil que defienden la independencia-, Ciudadanos y PP.
ESPIAR EL CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL
En el Reino Unido, un país democrático como el que más, el Parlamento ha aprobado una ley que permite al Gobierno espiar los correos electrónicos privados de la ciudadanía y los periodistas, mediante el hackeo de dispositivos, redes y servicios, incluso de manera masiva. Esa ley también permite mantener archivadas grandes bases de información personal sobre los ciudadanos británicos y los residentes en el país, incluso de personas que no sean sospechosas de haber cometido delito alguno.
En Alemania, el país más poderoso de Europa, su Parlamento aprobó recientemente una ley que permite a la Policía espiar a los periodistas de los países que no sean miembros de la Unión Europea, cuando se considere que es necesario para los intereses políticos alemanes.
ESPAÑA: RETROCESOS EN LIBERTAD DE INFORMACIÓN
Esos casos son únicamente tres ejemplos recientes, pero la lista podría continuar. En España, el derecho constitucional a la información y la comunicación ha sufrido retrocesos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Y tampoco había sido desarrollado con leyes ni respetado como correspondería por los gobiernos del PSOE.
La reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que fue rechazada por todos los partidos -excepto el PP- y por organizaciones sindicales, profesionales y ciudadanas e incluso organismos internacionales, ha sido un serio retroceso en ese derecho de la ciudadanía que ya era limitado.
Los periodistas molestan al poder político y económico, o deberían molestarlo, porque, si cumplen con su obligación profesional, deben vigilar y denunciar cualquier abuso, irregularidad o conducta falta de ética de los gobernantes, partidos, empresarios, organismos u organizaciones de cualquier tipo. Por eso tratan de controlarlos. Y por eso hay que evitar ese control y garantizar su independencia con leyes, con comportamientos profesionales éticos y con el apoyo de la ciudadanía, que es la dueña del derecho a la información. Los periodistas somos solo el instrumento para que ese derecho cumpla plenamente.
Las organizaciones profesionales y sindicales de periodistas, como las Asociaciones de Periodistas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras, no piden privilegios para los informadores. Lo que reclaman es que puedan desempeñar su trabajo con independencia y en condiciones dignas, tanto profesionales como laborales y salariales, porque sin esas condiciones no se puede cumplir el derecho de la ciudadanía a la información. La conclusión es indiscutible: en España, hoy, ese derecho no es pleno; y la situación de los periodistas deja mucho que desear respecto a Europa y otros muchos países del mundo.