Agustín Yanel
Un año y medio después de la llegada de la Covid-19, todavía hay gente que no se toma en serio una pandemia que ha provocado millones de víctimas en todo el planeta. Las vacunas contribuyen mucho a reducir sus efectos -España es un ejemplo en vacunación en Europa, aunque en el PP se resisten a reconocerlo-, pero continúan las muertes y contagios y, además, han surgido nuevas variantes del coronavirus que obligan a mantener ciertas medidas de seguridad y prevención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias europeas y españolas lo repiten cada día, pero miles de personas no hacen caso a las recomendaciones, como si ya hubiera pasado todo el peligro.
El Gobierno decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y estableció una serie de restricciones y el confinamiento de la ciudadanía, excepto para ir al trabajo, al médico y a otras actividades consideradas esenciales. A partir de ese día, los medios de comunicación y las redes sociales difundieron muchas imágenes de personas que no respetaban esas normas: hacían deporte en la calle cuando no se podía, no usaban la mascarilla, viajaban en su coche sin justificación para hacerlo…
Más de un millón de sanciones en solo tres meses
Basta un dato para hacerse una idea del grado de incumplimiento de las medidas aprobadas por el Gobierno: en los tres meses de estado de alarma, desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio, cuando acabó la última prórroga del estado de alarma, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas y locales plantearon 1.142.127 propuestas de sanción para personas a las que identificaron por no respetar esas normas. Y con el paso del tiempo, ya sin estado de alarma, esa cifra ha aumentado contra quienes no cumplen las medidas aprobadas.
En julio de este año el Tribunal Constitucional anuló algunos artículos del decreto de alarma, entre ellos el que obligó a la población en general a estar confinada en sus domicilios, porque seis magistrados frente a cinco han considerado que, para adoptar esa medida, el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados que le autorizara a declarar el estado de excepción y no el de alarma. Pero, mientras la alarma estuvo vigente -los 15 días iniciales fueron prorrogados otras cinco veces con esa misma duración, tras aprobarlo el Congreso-, esas normas eran de obligado cumplimiento: usar mascarilla, mantener la distancia social, restricción de asistencia en los actos culturales, deportivos o religiosos, limitación del número de personas en los establecimientos de hostelería y el comercio…
Las medidas para combatir la Covid-19 son mucho menos restrictivas de derechos ahora que en los primeros meses de pandemia, pero todavía hay quien se niega a cumplirlas, con el peligro que eso supone para ellas y para las demás. Cada fin de semana, la policía tiene que desalojar a miles de jóvenes que hacen botellón en distintas ciudades, muchos sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad; cierra locales repletos de gente que bebe, baila y se divierte también sin acatar las normas de prevención…
Divertirse sí, pero respetando las medidas de prevención
Son muy sorprendentes las justificaciones que algunos asistentes a esos botellones dan a los periodistas, delante de las cámaras, cuando les preguntan. «Tenemos muchas ganas de diversión», «la juventud tiene que divertirse», «no pasa nada por estar con los colegas bebiendo y pasándolo bien»… y otras parecidas. Pero el problema es que muchos lo hacen sin medidas de seguridad. Y no lo dicen adolescentes de 14 o 16 años, sino mayores de edad que saben bien la ilegalidad de lo que están haciendo.
En las últimas semanas se ha visto en las televisiones a jóvenes que, cuando los agentes de policía les han pedido que desalojen el lugar donde estaban de botellón porque está prohibido -o porque habían superado el toque de queda acordado en algunas ciudades durante un tiempo determinado-, han reaccionado lanzándoles botellas de cristal, mobiliario urbano y otros objetos. Esto ha ocurrido en distintas ciudades y ha habido algunas detenciones, identificaciones y multas.
Hay que ser un tanto descerebrado para jugar a contagiarse, y a contagiar a su familia cuando regresen a sus domicilios, porque la vacuna ha mejorado notablemente la situación pero la Covid-19 sigue causando daño. Los datos lo demuestran: a fecha 3 de septiembre, la pandemia ha contagiado en España a casi cinco millones de personas (4.541.399) y ha causado 84.795 muertes. En todo el mundo ha habido 219 millones de contagios y cuatro millones y medio de muertes.
Si esos datos no bastan para que se convenzan de que deben divertirse manteniendo las normas de prevención y seguridad acordadas, habría que pensar en poner carteles en algunos lugares advirtiendo a la ciudadanía, para que huyan de ellos como cuenta la Historia que se huía de los apestados en la Edad Media. Algo así como: ¡Atención, peligro: imbéciles y descerebrados sueltos!