Muchos dirigentes políticos, que no todos, tienen la mala costumbre de opinar siempre sobre lo divino y lo humano cuando son preguntados por los más variados asuntos, aunque no sepan de qué va la cosa y el tema les suene a chino. Lo mismo que muchos periodistas en tertulias de radio y televisión, que prefieren hablar y hablar sin decir nada antes que responder algo tan sencillo como «yo de esto no puedo opinar, porque no tengo datos ni conocimientos para hacerlo».
Otros políticos, por el contrario, sobre todo algunos del Gobierno, prefieren huir de los periodistas como de la peste utilizando cualquier truco para ello -uno muy al uso es acercarse el teléfono a la oreja cuando son preguntados, aunque no estén hablando con nadie-, sin darse cuenta de que la ciudadanía tiene derecho a saber y, para que este derecho se cumpla, los periodistas tienen la obligación de preguntar. El presidente, Mariano Rajoy, es un claro ejemplo de estos últimos y sólo habla cuando no tiene más remedio que hacerlo.
Hace unos días, el «número tres» del PP, el diputado Carlos Floriano, no tuvo reparo alguno en afirmar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga las ilegalidades presuntamente cometidas por el que fue durante muchos años gerente y tesorero de ese partido, Luis Bárcenas, está utilizando esa investigación judicial para llevar a cabo una auténtica «causa general» contra el Partido Popular. ¡Ahí queda eso!
FLORIANO SE AUTONOMBRA JUEZ
El diputado Floriano, como si hubiera decidido de repente autonombrarse juez instructor de esa causa, opinó que el magistrado Ruz pide unos documentos al PP y, si no encuentra en ellos indicios o pruebas de algún delito, reclama otros al partido porque lo que pretende es «encontrar lo que no va a encontrar, sencillamente porque no lo hay». ¿Acaso tiene él todos los datos que ya ha acumulado el juez? Más le valdría respetar la investigación judicial, cosa que todos dicen hacer pero algunos no cumplen, y dejar que el magistrado Ruz haga su trabajo como considere oportuno, que para eso es el juez al que le ha correspondido legítimamente tramitar ese caso.
Claro que en el PSOE han actuado de esa misma manera. La juez Mercedes Alaya -que investiga el escándalo del empleo presuntamente ilegal por parte del Gobierno autónomo andaluz, entre 2001 y 2010, de más de 1.200 millones de euros que estaban destinados a los expedientes de regulación de empleo- decidió el 2 de julio imputar en ese caso y citar a declarar a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos de la Junta de Andalucía, y varios dirigentes socialistas han salido casi en tromba a decir, ellos también, que esa magistrada está utilizando este caso como una «causa general» contra el Partido Socialista. Curiosa coincidencia lingüística con el PP.
¿CASUALIDADES?
Sorprende, es verdad, que cada vez que se produce alguna decisión destacada del PSOE andaluz, la juez Alaya notifica una resolución que ocupa las primera páginas de los periódicos. En este caso, la imputación de la ex ministra socialista Álvarez se ha producido poco después de que el presidente de ese partido y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, anunciara que convoca elecciones primarias y que no se presentará.
Pero a los políticos, tanto a los socialistas como a los «populares» o a los de cualquier otro partido, hay que exigirles que critiquen a los jueces sólo cuando tengan datos concretos para hacerlo y no se dediquen, como han hecho en estos dos casos, a lanzar la sospecha de que un juez de Madrid va contra el PP y una de Sevilla ataca directamente al PSOE. Las suposiciones o las sospechas de que no existe la casualidad no bastan. Un poco de seriedad les vendría muy bien a ambos partidos, a su imagen de y, sobre todo, a la ciudadanía a la que se deben.
BÁRCENAS, COMO MENTAR LA SOGA EN CASA DEL AHORCADO
Frente a la verborrea que demuestran algunos políticos cuando opinan sin datos o sin conocer un asunto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prefiere hablar lo menos posible sobre algunos temas, o incluso no decir nada. El martes 2 de julio dio una prueba más de ello en el Congreso de los Diputados.
Rajoy compareció ante sus señorías, en una sesión extraordinaria del Pleno, para informar sobre las últimas reuniones del Consejo Europeo, celebradas el 22 de mayo y los días 27 y 28 de junio. Pero, como Luis Bárcenas ingresó en la cárcel la semana pasada por orden del juez, se esperaba que los grupos parlamentarios le preguntaran por el ex tesorero y ex gerente de su partido. Y así fue.
Los portavoces de PSOE, IU-ICV-CHA y UPyD le pidieron explicaciones y dijeron que querían saber qué opina el presidente cuando ve en la cárcel al que fue todopoderoso controlador de las cuentas del PP, por quien en su momento puso la mano en el fuego defendiendo su inocencia. No tuvieron éxito: Rajoy no dio explicación alguna ni mencionó en ningún momento el nombre de Bárcenas, mientras desde la oposición lo pronunciaron hasta en 11 ocasiones. Se limitó a recordar a un portavoz que, sobre «otro tema que usted ha planteado», en referencia al ahora para él innombrable Luis Bárcenas, ya ha anunciado que el Gobierno promoverá una ley que regule los cargos públicos, la financiación de los partidos, más medios para el Tribunal de Cuentas y algunos cambios en el Código Penal, para intentar evitar casos como éste.
Para el presidente del Gobierno, citar el nombre de Luis Bárcenas es como mentar la soga en la casa del ahorcado. ¡Fuera, fuera! ¡Vade retro, Satanás! Pues hace mal, porque los ciudadanos tienen derecho a saber su opinión sobre un caso que ha levantado alarma social y le agradecerían que se pronunciara públicamente, reconociera sus errores o los de su partido en este asunto, si es que los ha habido… y después a esperar la decisión de la Justicia.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Mientras algunos socialistas hacen declaraciones como las citadas, otros son más prudentes, piden que se depuren todas las responsabilidades y no pasan de ahí. El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y alcade de Toledo, Emiliano García-Page, al ser preguntado por la imputación de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE, ha dicho que, aunque le llaman la atención «muchas cosas» en la investigación judicial de este caso, «si hay alguien que ha metido la mano, al trullo». Y no ha querido decir más porque, según afirma, de ese caso sólo conoce la imagen que se ve en las televisiones de la juez caminando con su maleta.