Habrá quien diga que el título que encabeza esta columna es demasiado largo y poco periodístico. Tiene razón. Pero me permito utilizarlo porque define la situación que están viviendo en España, cada vez con más frecuencia, la ciudadanía en general y los periodistas de manera especial. Y todo apunta a que avanzamos… a peor.
A juzgar por lo que estamos viendo y padeciendo, parece que el Gobierno de Mariano Rajoy y algunos mandamases de comunidades autónomas se han propuesto un triple objetivo: frenar las protestas ciudadanas en la calle, aunque para ello tengan que aprobar leyes innecesarias que salen adelante solo con los votos del PP; poner trabas al trabajo de los periodistas, en vez de facilitarlo como es su obligación, y proteger a los políticos incluso cometiendo el disparate de aislarlos de la ciudadanía, como si imitaran al Papa cuando utiliza el Papamóvil por seguridad.
CRÍTICAS A LA «LEY MORDAZA»
A pesar de todas las críticas y protestas de organismos internacionales como Naciones Unidas, ONG, juristas, catedráticos de Derecho, universidades públicas, colectivos ciudadanos y organizaciones tan respetadas como Cáritas o Amnistía Internacional, el Senado acaba de aprobar una nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que, por mucho que el ministro del Interior lo niegue, es un paso atrás porque limita los derechos constitucionales a la libertad de información y de expresión. Es conocida como Ley Mordaza.
El Senado también ha aprobado el 11 de marzo una reforma del Código Penal que ha recibido innumerables críticas y un rechazo unánime de la oposición, porque restringe derechos importantes en una democracia y establece sanciones desorbitadas para conductas que no son delito pero que un policía, y no un juez, puede decidir que constituyen una infracción leve, grave o muy grave de las normas establecidadas, por ejemplo, para protestar en la calle.
Por si eso fuera poco, en las próximas semanas el Senado va a aprobar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, si alguien con un poco de sentido común no lo remedia, permitirá en determinados casos que el teléfono de una persona pueda ser pinchado para escuchar sus conversaciones sin autorización previa del juez. Esa vigilancia se efectúa ahora cuando existen sospechas fundadas de que alguien está cometiendo un delito, pero siempre con permiso judicial.
¡CUIDADO, SE ACERCA UN PERIODISTA!
A estos cambios en la legislación, restrictivos de derechos, hay que añadir que los obstáculos y trabas al trabajo de los periodistas son muy frecuentes. Y no solo desde el Gobierno y el PP sino, a veces, también por parte de algunos responsables de partidos de la oposición. Unos y otros siguen sin aceptar del todo que el derecho a la información es propiedad de la ciudadanía y que ellos están obligados a someterse a las preguntas y al control de los periodistas para que éstos puedan cumplir su obligación de informar.
Para aislar a un cargo público o político hay quien utiliza todos los medios a su alcance: impedir que los informadores se acerquen al político; cortar el acceso de vehículos y ciudadanos a las calles por las que va a pasar -los vecinos de Talavera de la Reina recuerdan bien que el 31 de mayo del año pasado no pudieron caminar por el centro de la ciudad porque alguien, en un exceso de celo, decidió cortar las calles a los ciudadanos por la visita de María Dolores de Cospedal para celebrar el Día de la Región, algo que ni siquiera se hace con el rey Felipe VI o antes con Juan Carlos I-; los consabidos codazos y empujones al periodista que intenta acercarse; la mano que tapa el objetivo de la cámara de televisión; las lamentables ruedas de prensa sin preguntas para impedir que los periodistas les planteen asuntos incómodos…
Los periodistas no pedimos un trato de privilegio, ni tampoco que los políticos estén en todo momento a nuestra disposición. No. Se entiende que a veces no les guste nuestra insistencia y que critiquen a algunos informadores que, en más de una ocasión, no actúan como debieran; sobre todo, algunos de programas de entretenimiento de televisión que, apelando al derecho a la información, lo que hacen a veces es acosar al político o al personaje de turno hasta casi impedirle caminar. Para informar no hacen falta esos excesos.
AISLAR AL POLÍTICO
No defendemos esas conductas. Lo que pedimos los periodistas es que nos dejen hacer nuestro trabajo en las condiciones adecuadas, porque es una obligación que tenemos con la ciudadanía. Eso implica que los policías, asesores y cargos o militantes del partido de los dirigentes políticos, que siempre van con ellos, no se dediquen a formar una barrera alrededor del personaje para impedir acercarse al periodista, a empujar a los informadores o a impedirles el paso cuando intentan plantear una pregunta. En esos casos lo que se necesita es organizar el momento y el lugar donde el político atenderá a los medios de comunicación. Así de fácil.
Cada vez que esta columna se ocupa de los periodistas no es por corporativismo, sino en defensa del derecho constitucional de la ciudadanía a la información veraz, plural y de calidad. Los ciudadanos, antes de depositar su voto en la urna -y este año tendrán varias oportunidades para hacerlo- deberían pensar no solo en las promesas que hacen los políticos durante la campaña electoral, sino también en su comportamiento: si están imputados por algún juez o tribunal, si han aprobado leyes que merman o eliminan derechos, si son transparentes en su gestión, si se someten al control de los medios de comunicación…
Como el derecho a la protesta en las calles y el derecho a la información son de los ciudadanos, ¿qué mejor ocasión que las elecciones para castigar sin el voto al partido que no respeta o que restrinja esos u otros derechos?