A los cargos públicos en general, y a los ministros en particular, habría que hacerles firmar un contrato, cuando son nombrados, en el que constara lo siguiente: «Me comprometo a intentar resolver los problemas y a no crearlos donde no existen». Porque, a juzgar por lo que vemos un día sí y otro también, algunos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy parece que se han especializado en provocar problemas en asuntos en los que ya fueron resueltos los que había y en adoptar decisiones que no convencen a nadie… excepto a ellos mismos y al Gobierno. Es como si dijeran: «Como hay pocos problemas… ¡vamos a crear más!».
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, es un alumno muy aventajado en tan sorprendente «asignatura». En el escaso año y medio que lleva en el cargo ha provocado muchas polémicas por sus declaraciones, a cada cual más sorprendente.
Algunos ejemplos: dijo que había que «españolizar a los alumnos catalanes» y tuvo que esforzarse después en aclarar esa frase, sin conseguirlo; leyó un párrafo muy crítico contra el capitalismo, como si fuera la definición de este tipo de orden socioeconómico que ofrecía un manual de la asignatura Educación para la Ciudadanía, para demostrar que con esta materia se adoctrina al alumnado, cuando no consta en ningún libro de texto; insultó a la inteligencia y a los jóvenes en paro al declarar que en España no existe la llamada «fuga de cerebros», sino que los jóvenes que se marchan al extranjero lo hacen porque dominan idiomas y quieren «ensanchar sus horizontes profesionales»; justificó la subida del IVA al 21 por 100 en los cuadernos y otro material escolar con el sorprendente argumento de que no se puede saber si los utiliza un estudiante de Enseñanza Primaria o un arquitecto en su despacho; cuando el Tribunal Supremo sentenció que el Gobierno no debe subvencionar con dinero público a los colegios privados que segregan a los alumnos por el sexo, el ministro respondió que cambiará la ley para seguir firmando conciertos con esos centros…
BUSCAR EL CONSENSO EN LA EDUCACIÓN
Suma y sigue: el ministro Wert tiene en pie de guerra a la inmensa mayoría de la comunidad educativa con su proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), una de las medidas más protestadas desde hace años. El próximo 16 de junio hay convocadas manifestaciones contra esa reforma en numerosas ciudades españolas, dentro de una semana de movilizaciones en toda Europa.
Nadie pone en duda que la Educación necesita en España de medidas urgentes, tanto para atajar el elevado y preocupante fracaso escolar como para resolver otros problemas que la aquejan. Pero cuando se muestran en contra de un proyecto la gran mayoría de las asociaciones de profesores, padres y madres, alumnos y otros colectivos de todas las ideologías, desde la izquierda más radical hasta la derecha más retrógrada pasando por las organizaciones más moderadas, ¿no sería necesario dialogar con los representantes de todos los afectados para buscar juntos la mejor solución negociada y por consenso? Da la impresión de que el ministro piensa lo contrario, porque se empeña en repetir que ha negociado, aunque la mayoría lo niega, y ha llevado su proyecto de ley al Consejo de Ministros que lo aprobó hace dos semanas. Con diálogo quizá se podría haber cumplido el dicho de «hablando se entiende la gente» y, por qué no, tal vez habrían llegado a un acuerdo sobre las reformas que son necesarias y de qué manera llevarlas a cabo.
TODOS CONTRA GALLARDÓN
¿Hay quien dé más motivos que José Ignacio Wert para la polémica? Pues sí; o al menos los mismos: su colega en el Consejo de Ministros Alberto Ruiz-Gallardón, titular de la cartera de Justicia. El ex alcalde de Madrid, ex presidente de esa comunidad autónoma y eterno aspirante a ser candidato a presidente del Gobierno -aunque no lo reconozca- ha logrado el triste récord de aglutinar contra él a la mayoría de los jueces y todas sus asociaciones, fiscales, secretarios judiciales, diversas organizaciones ciudadanas y, en general, todo el mundo judicial e incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A la subida de las tasas judiciales, con el consiguiente encarecimiento de la Justicia como servicio público -que se vio obligado a rectificar por la avalancha de protestas, aunque sólo en parte-, se ha sumado su propuesta de reforma del Código Penal, la modificación del CGPJ, su pretensión de cobrar entre 20 y 40 euros por obtener en el Registro Civil algunos certificados que ahora son gratuitos… Por si eso fuera poco, ha anunciado una reforma de la legislación sobre el aborto cuando en la ley ahora vigente está plenamente asumido por la sociedad española desde hace años y no plantea ningún problema ni debate, salvo entre una minoría.
A eso hay que añadir la última «ocurrencia» de Gallardón -que, al parecer, está revisando tras las protestas de los sindicatos de periodistas y sus organizaciones profesionales-, que atenta directamente contra el derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir información veraz y plural: en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Ministerio de Justicia estudia incluir un apartado para que el juez, a petición del fiscal o de las partes que intervienen en un sumario, pueda instar a un medio de comunicación a que deje de publicar noticias sobre un caso que esté tramitando un juez y lo haya declarado secreto. Es decir, que si esa norma estuviera vigente los ciudadanos no se habrían enterado de lo que se ha publicado sobre la trama de corrupción del «caso Gürtel», los negocios presuntamente ilegales del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, el escándalo de la desviación de dinero público de los ERE en Andalucía durante la etapa del anterior Gobierno autonómico, las conductas supuestamente ilegales de algunos dirigentes de CiU para enriquecerse y otros muchos casos que son de interés general.
Se podría seguir citando medidas que han sido muy polémicas: la reforma del mercado laboral, que inició el Gobierno de Zapatero y continuó con más dureza todavía el de Rajoy; la implantación del copago sanitario, con un coste de los medicamentos también para los jubilados; la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y empleados públicos que llevan varios años con el salario congelado, sin negociar con sus representantes legales… y otras decisiones adoptadas sin diálogo, sin consenso y, en muchos casos, sin debate parlamentario. La mayoría lograda por el PP le permite gobernar de esta manera, pero el sentido común dice que no es la mejor forma de hacerlo. Habrá que esperar a ver los resultados.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
A pesar de los buenos propósitos que manifestaron María Dolores de Cospedal y Emiliano García Page tras su reciente reunión, en Castilla-La Mancha también se necesita más diálogo entre el Gobierno y la oposición en momentos de crisis como los actuales.
El consejero de Educación, Marcial Marín, ha anunciado que el Gobierno regional va a financiar clases de apoyo para alumnos de cuarto y sexto de la ESO y desde el PSOE le han dicho que eso es una «ocurrencia ridícula y chapucera», porque sólo va a reforzar alumnos de esos dos cursos. Esto es cierto pero, ¿no adelantarían más hablando antes de tirarse los trastos a la cabeza en público? Bien está que el Gobierno gobierne, porque para eso ha sido elegido, y que la oposición controle y critique, como es su obligación, pero con las cosas de comer no se juega. Y la Educación es algo demasiado serio como para convertirla en
arma política y partidista.