La Guardia Civil sospecha que la UGT de Andalucía cometió un fraude sistemático y continuado en los últimos 12 años para financiarse ilegalmente con dinero de fondos públicos que le concedían en subvenciones destinadas a cursos de formación de trabajadores.
Según los investigadores, varios empresarios estaban compinchados con algunos dirigentes y trabajadores de UGT de Andalucía -que quede claro desde el primer momento: ni estaba implicado todo el sindicato ni todos sus responsables o afiliados-, a los que facilitaban facturas falsas o infladas que después pagaba el Gobierno andaluz como si fueran gastos de los supuestos cursos de formación. Han detenido a 14 personas.
DEMASIADAS NOTICIAS DE CORRUPCIÓN
Es una buena costumbre leer los periódicos en papel o los digitales, escuchar la radio o ver los informativos de televisión, porque ya se sabe que una persona sin información es una persona sin opinión. Pero hay días en que, al leer, escuchar o ver las noticias, son tantas las referidas a corrupción, ilegalidades, chanchullos o marrullerías que uno casi llega a comprender a quienes deciden no informarse para no aumentar su nivel de cabreo, que ya es muy elevado.
La noticia de la supuesta financiación ilegal de UGT de Andalucía la han publicado todos los periódicos en papel el miércoles 25 de junio. Ese mismo día, en esos diarios y en los digitales hemos podido leer, entre otras, las siguientes informaciones:
– El portavoz del PP en el Senado y presidente de ese partido en Lugo, José Manuel Barreiro, ha sido acusado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de haber recibido 5.000 euros del grupo empresarial Vendex (que recibió concesiones de servicios municipales en numerosos ayuntamientos de Galicia), a cambio de no oponerse a que le encargaran la gestión de los estacionamientos en la capital lucense. Él niega haber recibido jamás un soborno. En el llamado caso Pokémon, que es donde le implican, ya hay 114 personas imputadas, entre ellas políticos de PP, PSOE y BNG.
– El juez José Castro, después de tres años de investigación, ha considerado que la infanta Cristina, hija del anterior rey de España y hermana del actual, se benefició de los negocios presuntamente ilegales de su marido, Iñaki Urdangarin, y debe ser juzgada por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
CONSTRUIR EN UN ESPACIO PROTEGIDO
– El delegado del Gobierno en la región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido imputado por prevaricación y citado a declarar en el llamado caso Novo Cartago. El juez dice que, cuando era consejero de Obras Públicas del Gobierno murciano (PP), autorizó un complejo de lujo en un espacio protegido del Mar Menor donde se preveía construir 10.000 viviendas, centros comerciales, campos de golf y hoteles.
– Un centenar de las 700 personas que trabajan en el Tribunal de Cuentas (el órgano constitucional que se encarga de fiscalizar a los partidos políticos, ayuntamientos y todas las organizaciones y empresas públicas) son familiares directos del presidente, de varios consejeros, de altos cargos y de representantes sindicales de esa institución. Allí se han colocado, por oposición pero con sospechas de «enchufismo», maridos, esposas, hijos, cuñadas, hermanos, sobrinos…
BUENA INVERSIÓN PARA LOS EURODIPUTADOS
– Cuatro decenas de diputados españoles en el Parlamento Europeo han participado desde hace años de un fondo de pensiones que gestionaba en Luxermburgo una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), financiado en una tercera parte por ellos y el resto por el Europarlamento. Las SICAV son una modalidad de inversión legal que también se utiliza en España, pero la izquierda la ha criticado siempre porque sus titulares tributan una cantidad ínfima mientras cualquier ciudadano tiene que pagar muchos más impuestos por sus fondos bancarios o inversiones.
Entre quienes se han beneficiado figuran el ministro Cristóbal Montoro, el ex ministro y actual eurodiputado Miguel Arias Cañete y Jaime Mayor Oreja, del PP; Elena Valenciano, del PSOE; Rosa Díez, de UPyD, y Willy Meyer, de IU. Éste último, al enterarse el día 24 de que ese fondo de pensiones lo gestionaba una SICAV -modalidad que IU siempre ha citicado-, solicitó la baja en dicho fondo. Además, al día siguiente ha dimitido como eurodiputado -iba a tomar posesión la semana próxima- y también de sus cargos en la Ejecutiva de IU, por «coherencia» con los planteamientos que mantiene esta formación política.
Hay más noticias similares, pero como muestra basta con éstas. Todas las personas afectadas o imputadas son inocentes, mientras no sean juzgadas y condenadas. Pero, ¿cómo no va a haber quien se canse de leer tanta degradación personal y de la democracia? A pesar de todo, es preferible seguir informándose para poder formarse una opinión sólida. Y esperemos que la Justicia actúa en todos los casos y, puestos a soñar, con celeridad.