Si alguien pensaba que el nuevo curso político iba a comenzar en septiembre con un panorama distinto al que había antes de las vacaciones, se ha equivocado. La situación de la vida pública continúa prácticamente igual que antes del verano: las mismas broncas entre el Gobierno y la oposición, el mismo uso abusivo por parte del PP de su mayoría absoluta en el Congreso, los mismos escándalos y casos de corrupción, las mismas peleas internas pero siempre aireadas en varios partidos y, lo más grave, los casi seis millones de parados, la mayoría de ellos sin percibir ninguna ayuda y muchos sin nadie de su familia con trabajo.
Hay que decir, no obstante, que en el segundo trimestre de este año se ha creado empleo, aunque haya sido en buena parte temporal, o de solo unas horas diarias y con salarios que no dan para vivir. Es una buena noticia, sobre todo porque indica una tendencia a mejorar, pero el desempleo en España alcanza al 24,47% de la población activa, una cifra totalmente inaceptable.
En el siglo XVI, Fray Luis de León fue encarcelado por las acusaciones que hizo contra él un envidioso profesor de la Universidad de Salamanca, en la que él impartía clases. El proceso se prolongó durante cinco años -la Justicia ya era muy lenta entonces-, pero finalmente fue absuelto, se reincorporó a su cátedra y, según se cuentan, el primer día de clase comenzó diciendo a los alumnos: «Decíamos ayer…», como si esos cinco años no hubiesen existido.
EL ESCÁNDALO DE LA FAMILIA PUJOL
Eso mismo podríamos decir ahora, si comparamos la situación de la vida política de junio con la del inicio del nuevo curso en septiembre. Es como si los meses de julio y agosto no hubieran existido, porque todo sigue prácticamente igual que antes. Lo más novedoso que ha habido este verano, y no es precisamente para aplaudirlo, es que en el caso que afecta al ex honorable Jordi Pujol y su familia cada dos por tres se han ido conociendo nuevos datos que incrementan la magnitud de uno de los mayores escándalos de toda la etapa democrática. Conviene recordarlo: mientras Jordi Pujol presidía la Generalitat de Cataluña y se convertía en el padre del nacionalismo catalán, su mujer y sus siete hijos tenían depositados en un banco de Andorra la millonaria herencia que les había dejado el abuelo Pujol, sin declararla a la Agencia Tributaria española. Vamos, que han estado defraudando a Hacienda durante 34 años.
Ni siquiera ha habido que esperar a septiembre para el inicio oficial del curso político. El martes 26 de agosto, la Diputación Permanente del Congreso -que se encarga del gobierno de la Cámara Baja cuando no hay sesiones ordinarias, como ocurre en el verano- se ha reunido en una sesión de casi 10 horas ininterrumpidas en lo que se puede considerar el inicio del nuevo periodo parlamentario.
EL PP RECHAZA QUE EL GOBIERNO INFORME
Como se esperaba, esa reunión no ha servido para nada. El PSOE e Izquierda Unida habían solicitado que comparezcan en el Congreso, en sesiones extraordinarias antes de reiniciar la actividad ordinaria, Mariano Rajoy, la vicepresidenta del Gobierno, 12 ministros y el fiscal general del Estado. En todos los casos lo pedían para que informaran sobre distintos asuntos de plena actualidad y del máximo interés para la ciudadanía, pero los diputados del PP no aceptaron ninguna de esas peticiones.
La líder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, se ha enfrascado en una bronca pública con su hombre fuerte en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Francisco Sosa Wagner. Éste ha dicho que en UPyD existen «prácticas autoritarias» y ha pedido que su partido pacte con Ciudadanos, la formación que lidera Albert Rivera, para presentarse juntos a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Díez ha rechazado esas acusaciones y ha convocado para el 6 de septiembre una reunión extraordinaria del Consejo Político, el máximo órgano del partido, para debatir si pactan o no.
LOS ERE Y EL FRAUDE EN LA FORMACIÓN
En el PSOE siguen padeciendo a diario las noticias sobre el escándalo de los ERE en Andalucía y el presunto fraude cometido con las subvenciones para cursos de formación de trabajadores allí, porque todo lo que afecta al Gobierno de esa comunidad y a los socialistas andaluces repercute, y mucho, en el partido a nivel estatal.
Convergència i Unió (CiU) intenta recuperarse del tremendo bofetón que ha recibido con el escándalo de los Pujol Ferrusola y trata de disimular la división cada vez más clara entre los dos partidos que integran esta formación política, CDC y UDC. Mientras tanto, Artur Mas se empecina en llevar a muchos catalanes hacia un callejón sin salida al mantener en público que el 9 de noviembre convocará una consulta sobre la independencia de Cataluña respecto del Estado español, aunque sabe que no lo va a hacer porque sería ilegal.
Izquierda Unida triplicó sus votos en las últimas elecciones al Parlamento Europeo y pasó de dos a seis escaños, pero también se ha visto afectada por la irrupción de Podemos. Está intensificando la política que inició hace años de buscar la convergencia con otras fuerzas políticas y colectivos sociales de izquierdas, entre los que no hay que descartar a Podemos, para las elecciones de 2015.
Con esta situación de los partidos y con unas elecciones dentro de nueve meses, ¿alguien pensaba que el panorama político se iba a calmar algo con el descanso veraniego de los políticos? Imposible. Y lo que nos queda por ver.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Bodegas Vinartis, de Valdepeñas -perteneciente al Grupo García Carrión, el de los famosos quesos manchegos- y Bodegas Francisco Solís, dos de las más importantes de la región, prevén pagar la uva tinta para vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas entre un 15,14% y un 23% menos que el año pasado la primera, y un 17,11% menos la segunda. Lo han decidido de manera unilateral.
La Mesa de Productores de la Denominación de Origen Valdepeñas considera, y con razón, que esa medida es «un insulto» a los viticultores. Es probable que los responsables de las bodegas no hayan pensado que, a partir de ahora, muchos ciudadanos se acordarán de esa decisión cuando estén buscando un queso o un vino de sus conocidas marcas en el supermercado y, por qué no, puedan optar por adquirir uno de otra marca. Harían bien en dialogar y rectificar tan polémica medida, en beneficio de las dos partes, los viticultores y las bodegas.