Agustín Yanel
La última hazaña de los tres partidos independentistas que constituyen la mayoría del Parlamento catalán ha consistido en declarar que Cataluña «es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey». Tienen todo el derecho a defender sus ideas independentistas y su deseo de ser una república, claro que sí. Pero olvidan que, mientras el Estado español sea una monarquía parlamentaria, como establece la vigente Constitución, éstas y otras declaraciones, tanto si las hace esa Cámara autonómica como una asociación de vecinos, son solo papel mojado y una manera de perder el tiempo en vez de ocuparse de los serios problemas que padece la ciudadanía.
El Parlament ha celebrado este pleno extraordinario a propuesta del extravagante presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha considerado muy urgente que sus señorías se pronuncien sobre los problemas del rey emérito Juan Carlos I y la monarquía, y ha aprovechado para soltar algunas de sus sorprendentes afirmaciones. Sorprendentes en sentido negativo, que quede claro.
Pero, como algunas de las propuestas que plantearon los grupos parlamentarios independentistas son claramente contrarias a la Constitución española -que están obligados a cumplir, por mucho que se empeñen en no reconocerlo- y a las advertencias formales que les ha hecho en varias ocasiones el Tribunal Constitucional, el letrado mayor de la Cámara dijo que esas resoluciones no serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya. Y no se han publicado.
Llueve sobre mojado. Lo que ocurrió en octubre de 2017, cuando el Parlament aprobó una declaración de independencia que no se publicó en el diario oficial, se repite ahora y sus señorías independentistas han vuelto a aprobar varias resoluciones que tampoco quedarán reflejadas en las páginas donde debe figurar todo lo que acuerde la Cámara autonómica catalana. ¿A alguien le parece esto serio? ¿Es la actuación que se espera de unos parlamentarios que han sido elegidos en unas elecciones democráticas para intentar resolver los problemas de la ciudadanía?
Reprueban a Felipe VI y Carmen Calvo y tachan de «delincuente» a la monarquía
Casi 12 horas de debate parlamentario han dado para mucho. Los tres partidos independentistas del Parlament -Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP- han aprobado resoluciones en las que reprueban al rey Felipe VI y a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; tachan a la monarquía de «delincuente»; denuncian «la huida consentida del rey Juan Carlos para evadir la acción de la Justicia», aunque no está siendo investigado en España y ha dicho que está a disposición de la Justicia si le llaman a declarar; dicen que la actual monarquía es la continuación del régimen franquista…
El presidente catalán, Quim Torra, más que hablar del problema de la monarquía -que es lo que le había llevado a pedir este pleno extraordinario con el Parlament cerrado por vacaciones- se dedicó a criticar al Gobierno de coalición progresista PSOE- Unidas Podemos. Y, ya puesto a hablar, incluso pidió a Pablo Iglesias y los cuatro ministros de su formación política que dimitan, si no son capaces de que se convoque un referéndum sobre monarquía o república y para no justificar «el escándalo internacional» que, en su opinión, constituye la salida de España del rey emérito.
Quim Torra dice que trabajará por una República española de la que se independizará Cataluña
El portavoz de los socialistas, Miquel Iceta, le recordó que en Cataluña también han tenido a un president –Jordi Pujol– que tenía dinero en el extranjero sin declarar a la Hacienda Pública española, «y no por eso decidimos cambiar nuestro sistema político». Pero a Torra eso le da igual y, como guinda a su intervención, aseguró que él va a trabajar para conseguir la instauración de una República en España, de la que después se independizará la República de Cataluña. Ahí queda eso.
El presidente catalán olvidó decir -o, probablemente, no lo olvidó pero no quiso decirlo- que el Tribunal Supremo revisará el 17 de septiembre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a él a un año y seis meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, y a una multa de 30.000 euros, por negarse a retirar de los edificios públicos durante la campaña electoral los lazos amarillos y fotografías de los políticos catalanes condenados y presos, como le había ordenado la Junta Electoral Central. Si esa sentencia es confirmada, Quim Torra tendrá que abandonar la Presidencia de la Generalitat catalana.
Cada cual puede hacer el ridículo como quiera, tanto con sus actos como con sus declaraciones. Los diputados independentistas del Parlament catalán lo hacen cuando debaten y aprueban resoluciones que luego no se publican en su Boletín Oficial y, por tanto, no tienen ninguna validez jurídica. Su presidente, Quim Torra, lo hace con demasiada frecuencia. Y continúa sin convocar elecciones autonómicas, pese a que lo anunció hace seis meses, lo piden todos los partidos y lo necesita la ciudadanía. Es de esperar que, cuando finalmente las convoque, los catalanes tengan president de la Generalitat que no se parezca en nada al que ahora padecen.