Si hubiera que resumir con una frase los dos primeros años de Mariano Rajoy en el Gobierno, podría servir la que encabeza esta columna: dos años de recortes y de compromisos incumplidos. Nadie puede discutir con seriedad, porque son hechos y no opiniones, que desde que el PP ganó las elecciones -el 20 de noviembre de 2011- la acción política del Ejecutivo se ha caracterizado por recortes de derechos de la ciudadanía e incumplimiento de los compromisos que recogía el programa electoral del Partido Popular.
Rajoy ha lamentado haber tenido que hacer lo que no quería y no haber podido llevar a cabo aquello que había prometido. Ha dicho que no ha podido cumplir sus promesas, obligado por la cruda realidad de la situación de España y por la dureza de la crisis económica. En parte es verdad, porque nadie niega que la crisis todavía existe, pero se le ha olvidado añadir que también ha actuado de esa manera porque es lo que han decidido la Unión Europea y Angela Merkel, la canciller de Alemania.
Pero esa explicación del presidente no consuela ni satisface al sufrido ciudadano de a pie, que lo que ve cada día es que el desempleo no mejora sino que aumenta -excepto datos puntuales de algunos meses-, que cobra menos sueldo o ha perdido el empleo, que le asfixian con más impuestos y que tiene que pagar por servicios públicos que antes eran gratuitos. Por mucho que le digan una y otra vez que ya hay datos para afirmar que la economía ha empezado a mejorar, y también es verdad, esos datos todavía no sirven para crear empleo ni llegan al bolsillo de las familias, que ya llevan seis años de crisis a sus espaldas.
SÓLO PROMESAS
El gran incumplimiento del presidente ha sido su promesa de crear empleo. Rajoy heredó de Zapatero un número muy elevado de desempleados, pero en sus dos primeros años en La Moncloa esa cifra ha crecido en un millón y ha llegado a los seis millones de parados, aunque se ha reducido algo en el tercer trimestre de este año. Y no ha sido su única promesa incumplida. Entre otras muchas, éstas:
– Rajoy prometió que no iba a elevar los impuestos sino que los bajaría, pero ha aprobado la mayor subida de toda la democracia.
– Anunció que no tocaría la educación y la sanidad, pero éstas han sido dos de las áreas más perjudicadas por sus medidas: ahora hay que pagar más por los medicamentos, incluso los pensionistas; la reforma de la Ley de Educación saldrá adelante pese a la oposición de la práctica totalidad de partidos, sindicatos y organizaciones de padres y profesorado; han aumentado las horas de clase del profesorado, con lo que muchos miles de interinos no han sido contratados y han pasado a engrosar las listas del paro; se han reducido o eliminado varias ayudas a la enseñanza…
AYUDAS A BANCOS Y CAJAS
– El presidente del Gobierno prometió durante la campaña electoral de 2011 que no habría dinero público para ayudar a los bancos y cajas de ahorro, como lo hubo en la etapa de Zapatero, pero ha ocurrido lo contrario: Europa ha prestado a las cajas y algunos bancos casi 40.000 millones de euros y, en contra de lo que dijo Rajoy, ese dinero lo costearán los ciudadanos a través de sus impuestos.
– Prometió no tocar las pensiones pero, con la ministra Fátima Báñez como mano ejecutora, se ha atrevido a modificar la ley sin negociarlo en el Pacto de Toledo -que se encarga con éxito de esta materia desde hace muchos años- para que las pensiones no se revaloricen cada año según el Indice de Precios al Consumo (IPC) sino que suban como máximo un 0,25 por 100 en 2014. Las críticas y la oposición a esta medida han sido generalizadas y todo el mundo ha demostrado que los pensionistas perderán poder adquisitivo… excepto el Gobierno.
– Criticó la reforma del mercado laboral que aprobó Zapatero, pero él la ha endurecido bastante más, abaratando el despido para beneficiar a los empresarios y reduciendo a la mínima expresión la negociación entre patronal y sindicatos que tan buenos resultados ha dado siempre. Esas medidas no han contribuido a crear empleo, como ya se ha demostrado, en contra de lo que ha afirmado la lamentable alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando ha querido colgarse la medalla de haber resuelto la huelga de limpieza en la capital de España después de haber estado durante nueve días desaparecida ante tan grave problema público.
LA JUSTICIA, MÁS CARA
Mariano Rajoy y su Gobierno no sólo han incumplido muchos de los compromisos que incluyeron en su programa electoral, sino que también han aprobado medidas que no llevaban en el mismo y que han contado con una oposición prácticamente general. Un buen ejemplo son las tasas judiciales que preparó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hace ahora un año. Aunque tuvo que rebajar las cantidades que propuso inicialmente para poder pleitear, porque eran exageradas, un año de aplicación ha demostrado que muchos ciudadanos no han podido acudir a los tribunales para defenderse porque les resulta muy caro.
Algo parecido ha ocurrido con la subida de las tasas de las matrículas universitarias, lo que ha creado graves problemas a muchos estudiantes y ha impedido matricularse a otros por falta de recursos económicos y de becas.
En Radio Televisión Española, el Gobierno ha debido pensar que existía demasiado pluralismo y que no era buena tanta independencia y profesionalidad en sus espacios informativos, algo nunca visto en esa corporación pública hasta la última etapa del Gobierno de Zapatero, y ha cambiado la ley: ahora, el presidente de RTVE no es elegido por una mayoría de dos tercios del Congreso, lo que obligaba a PSOE y PP a consensuar un nombre, sino que puede designarlo solo el PP con su mayoría absoluta, como ha ocurrido con el actual, Leopoldo González-Echenique.
Y así, suma y sigue con otros muchos compromisos no cumplidos. Una cosa, entre otras, sí hay que reconocerle al presidente del Gobierno: hace un año todo el mundo daba por hecho que la Unión Europea tendría que acudir a rescatar a España, como ha hecho con otros países europeos, y a costa de sacrificios y recortes no ha sido necesario, salvo la ayuda a bancos y cajas.
En los dos años que quedan de legislatura, ¿cumplirá Rajoy sus promesas para intentar recuperar el voto de muchos ciudadanos que ya reniegan de haber apoyado al PP en las últimas elecciones? ¿Mejorará la economía lo suficiente como para que se cree empleo y la ciudadanía lo note en su bolsillo? ¿Llevará a cabo, por fin, la necesaria reforma fiscal e incluirá en ella una bajada de los impuestos? ¿Emprenderá una reforma de las administraciones públicas realista y eficaz, que garantice los servicios públicos y racionalice el gasto? En dos años, o un poco antes, lo veremos.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Por muy difíciles y, en ocasiones, sorprendentes que sean las relaciones entre el PP y el PSOE en Castilla-La Mancha, el Gobierno de María Dolores de Cospedal no debería empeñarse en reducir en solitario los 53 diputados autonómicos a la mitad -entre 25 y 35 propone en la reforma que ha echado a andar en el Congreso de los Diputados-, sin el apoyo de la oposición. Una decisión tan importante no debe ser adoptada con la mitad de las Cortes regionales en contra, porque ella gobierna para todos los ciudadanos de la comunidad y no sólo para los que han votado al PP.
Si a eso se añade que con esta medida se ahorrará poco dinero -lo mismo que con la de suprimir el sueldo a los diputados autonómicos y pagarles dietas-, la conclusión es que se trata de una medida demagógica, muy populista y perjudicial para la democracia, porque impedirá que puedan entrar en las Cortes regionales otras fuerzas política y consolidará el bipartidismo en vez del pluralismo político que consagra la Constitución.