El director general de una Fundación que se financia con dinero público ha dimitido, tras conocerse que realizaba sus viajes de trabajo en coches de alta gama alquilados con conductor. Así se desplazaba, para asistir a reuniones y actos oficiales, desde Madrid a Salamanca, su ciudad natal, y a otras poblaciones. Cada uno de esos traslados costó entre 300 y 650 euros, que no pagó él sino la Fundación que dirigía.

Durante décadas, tras la reinstauración de la democracia en España, ha habido personas que, al ser nombradas para ocupar un cargo público, han pensado que todo el monte era orégano y se han dedicado a gastar dinero público sin control en su beneficio personal, porque no salía de su bolsillo sino que pagaba el ciudadano contribuyente.

Parecía que esas prácticas eran ya solo un recuerdo, porque ahora existen más controles, pero de vez en cuando sale a la luz pública algún caso que demuestra lo contrario. Todavía hay quienes entran en la vida pública con la intención de ganar mucho dinero, como dijo un político alguna vez, o al menos de vivir bien en vez de llegar con espíritu de servicio público, y se comportan como capitanes generales aunque solo tengan el rango de sargento chusquero.

Una cómoda manera de viajar

Quizá no sea ese el caso del abogado José Ignacio Fernández Vera, porque al parecer justificaba todos sus gastos, pero la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación decidió solicitar a Hacienda una investigación sobre esos gastos cuando tuvo noticia de la cómoda manera de viajar que utilizaba el director general de la Fundación.

Fernández Vera era asesor parlamentario del ministro de Economía y Competitividad en materia de ciencia e innovación cuando, en junio de 2012, fue nombrado director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), que depende de ese Ministerio. Contaba con una amplia experiencia y conocimientos para ocupar ese cargo.

En diciembre del año pasado, el diario El País publicó que en solo dos años, 2014 y 2015, se había gastado unos 25.000 euros en viajes de trabajo que hizo en coche de alquiler con chófer. En el Ministerio argumentaron que así ahorraba tiempo, porque podía ir y venir en el día a Salamanca para asistir a un acto oficial, por ejemplo (650 euros), y también ahorraba dinero, porque no había que pagar una noche de hotel y porque un coche oficial con chófer saldría más caro.

Desde Madrid salen cuatro trenes diarios de alta velocidad hacia Salamanca, que tardan aproximadamente una hora y media, a un precio de entre 20 y 30 euros, y otros tantos hacen el recorrido inverso. También hay una decena de trenes de media distancia en cada sentido, que emplean tres horas o más en el trayecto. Estos últimos no parecen adecuados para realizar un viaje oficial de trabajo, pero sí lo son los primeros porque tardan prácticamente lo mismo que un coche, o menos si se produce algún atasco en la carretera.

El ya exdirector de la Fundación ha dicho que dimite «por motivos personales». No existen motivos para no creerle. Pero también hay que decir que, en tiempos de crisis económica como los que se sufren en España desde hace nueve años, no queda nada bien gastar 25.000 euros en dos años para utilizar ese método de transporte, con cargo a una Fundación que este año ha recibido 14 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado y cuando se cobra un salario de 87.000 euros anuales.

La transparencia en los gastos es imprescindible en la vida política, tanto en los partidos como en todos los cargos y niveles de la Administración pública. Pero también es necesaria la ética, un valor imprescindible en el comportamiento humano que con demasiada frecuencia se olvida en la práctica diaria, tanto en la política como en el periodismo y en otras muchas profesiones.