Que nadie se confunda ni se deje engañar: es muy grave que alguien haya grabado y difundido una conversación que mantuvo en su despacho oficial el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el que era jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Pero son mucho más graves algunas de las cosas que dijeron ambos en esa entrevista, y eso es lo que se debe que investigar y aclarar. La ciudadanía tiene derecho a saberlo.

El 2 y el 16 de octubre de 2014 -poco antes de que se celebrara la consulta sobre la independencia de Cataluña-, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió en su despacho con Daniel de Alfonso, que era el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (dependiente del Parlamento autonómico). En junio de 2016, unos días antes de las elecciones generales del día 26, el contenido de esas dos conversaciones fue publicado en los medios de comunicación y provocó un escándalo que revolucionó los últimos días de la campaña electoral.

Según esas grabaciones, Daniel de Alfonso dijo al ministro que ellos estaban investigando varios asuntos que afectaban a actuaciones de Esquerra Republicana de Cataluña y Felip Puch, que había sido consejero de Presidencia de Artur Mas y era candidato de Convergència Democrática de Cataluña en las elecciones del 26-J. Como afirmó que los indicios que tenían para poder implicarlos en casos de corrupción eran muy «endebles», el ministro le respondió que se podía hacer «una gestión» con la Fiscalía para que decidiera investigar esos casos.

El Congreso investiga

Lo que se ha difundido de esas dos conversaciones es muy grave, porque de ellas se deduce que pretendían buscar pruebas para involucrar a dirigentes de CDC y ERC, apenas un mes antes de la consulta soberanista, en casos de corrupción. Es tan grave que el Congreso de los Diputados, ahora que el PP no tiene mayoría absoluta, ha constituido una comisión para investigar la presunta utilización con fines políticos partidistas, durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad.

Las primeras declaraciones ante esa comisión, para dar explicaciones, han sido las de los dos principales afectados: el exministro del Interior y el exdirector de la Oficina Antifraude. Pero las más de cinco horas de comparecencia solo han servido para sentir vergüenza ajena, al escuchar las lamentables explicaciones de ambos y las afirmaciones de algunos diputados.

El exministro no recuerda si dijo algunas cosas que se han publicado de esas conversaciones, porque ha transcurrido mucho tiempo; negó otras, y llegó a pedir que se haga un análisis pericial para saber qué es lo que dice exactamente en una de las frases que se le atribuyen y que él niega. Dice que la víctima ha sido él y que este asunto fue «una conspiración» contra su partido, el PP.

La ciudadanía tiene derecho a saber lo que ocurrió en la conversación con el exministro

En distintas tertulias de radio y televisión se han centrado en debatir sobre la forma en que se han desarrollado esas dos comparecencias, sobre todo por los adjetivos que el diputado de ERC Gabriel Rufián dedicó a Daniel de Alfonso: le llamó «gánster», «mamporrero» y «lacayo» del PP. Pero, con independencia de que haya quien opine que eso sobrepasa las líneas rojas de lo que se considera correcto en una sesión parlamentaria, lo que la ciudadanía tiene derecho a saber es el fondo del asunto: si el exministro y el exdirector de la Oficina Antifraude dijeron lo que se ha publicado y escuchado, si hablaron con la Fiscalía para que interviniera contra políticos independentistas catalanes y, en definitiva, si el Ministerio del Interior fue utilizado en este y en otros casos para perjudicar a políticos de partidos de la oposición. Eso, lamentablemente, no quedó claro el miércoles 5 de abril en el Congreso de los Diputados.

Hay que decir que el Tribunal Supremo archivó las querellas que presentaron ERC, CDC y el exalcalde de Barcelona Jorge Trías contra Jorge Fernández y Daniel de Alfonso, con el argumento de que son dos conversaciones obtenidas ilegalmente y, por ello, no es posible saber si han sido manipuladas, alteradas o cortadas y no sirven como prueba. Pero los magistrados no dijeron que esos comentarios sean falsos o verdaderos. Y eso es lo que se debería esclarecer en la comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados.