Tres meses después de las elecciones generales de diciembre pasado, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha dicho que se niega a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su actuación, porque al ser un Gobierno en funciones sus acciones no pueden estar sometidas al control de las Cortes. Con esta actitud ha creado un conflicto de competencias frente al Congreso, que tendrá que ser resuelto por el Tribunal Constitucional.
La Mesa del Congreso -en la que está el PP, que no se opuso- solicitó que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, compareciera en la comisión correspondiente para explicar los acuerdos adoptados en la última reunión de ministros de Defensa de la OTAN. Entre otros asuntos, debía informar sobre la nueva operación desplegada en el mar Egeo contra las mafias que trafican con refugiados. ¿Alguien cree que esto, en el momento actual, no es de suficiente interés para los ciudadanos como para que el ministro no informe a la Cámara? Por la negativa a acudir, parece que el Gobierno opina de esa manera.
UN EJECUTIVO EN FUNCIONES
La Constitución establece con toda claridad, en su artículo 66, que las Cortes Generales «controlan la acción del Gobierno» y no hace ninguna excepción para el caso de que esté en funciones. La Ley del Gobierno indica, en su artículo 26, que «todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales». Y tampoco lo excluye de ese control cuando está en funciones.
Pese a ello, Rajoy y sus asesores consideran que por estar en funciones no debe someterse a ese control. Esto significa que si Pedro Sánchez no logra ser presidente -como parece que puede ocurrir, salvo sorpresas de última hora- y hay que celebrar de nuevo elecciones generales a final de junio, el Gobierno estará seis meses sin ningún control por parte de las Cortes.
El Gobierno justifica su negativa con este argumento: como el Congreso actual no ha dado su confianza al Gobierno en funciones, no puede exigirle
la responsabilidad política que supone una sesión de control. Los grupos de la oposición -en un escrito conjunto que han dirigido a la Mesa de la Cámara para que plantee el conflicto ante el Constitucional, firmado por 10 partidos- responden de esta manera: cuando el Gobierno se somete a ese control no está respondiendo a las Cortes, sino al pueblo español que es al que éstas representan.
LA LEY Y EL SENTIDO COMÚN
Muchos juristas y expertos constitucionalistas consideran que el Gobierno está obligado a comparecer en el Congreso aunque esté en funciones porque, como se acaba de ver, así lo establecen la Constitución y otras leyes. Pero, como ocurre en todos los debates jurídicos, también hay quien esgrime argumentos en contra, que coinciden con los del Ejecutivo, para justificas la negativa a ser controlado.
Además de las leyes, que deben ser cumplidas siempre, también existe el sentido común, que debería ser aplicado con mucha más frecuencia. Y no parece de sentido común que el Gobierno pueda estar durante unos cuantos meses sin someterse al control de las Cortes, que tienen esa competencia según la Constitución y otras leyes, porque se encuentra en funciones. El Tribunal Constitucional tiene la palabra.
Lo que ha hecho el Gobierno, al negarse a explicar en el Congreso asuntos que son de interés general para la ciudadanía, es como declararse en rebeldía. Insumiso, como los jóvenes que en las postrimerías del franquismo y los primeros años de la Transición se negaban a cumplir el servicio militar obligatorio. La diferencia es que muchos de aquellos jóvenes pagaron con la cárcel su rebeldía, sustentada en razones de conciencia.
PP: DE 186 A 120 DIPUTADOS
En ocasiones da la sensación de que el Gobierno actúa en el Congreso como si todavía conservara la mayoría absoluta que ha utilizado durante cuatro años para aprobar leyes importantes solo con los votos de su partido y con el rechazo de toda la oposición. Como si no hubiera asumido aún que el PP, aunque ha sido el partido más votado en las elecciones, logró 120 diputados frente a los 186 que tenía antes.
Cada partido tiene sus propios problemas -unos más que otros-, y así lo están demostrando desde hace tres meses con sus conversaciones para formar un nuevo Gobierno, algo que parece difícil. Es de desear que, si finalmente se convocan elecciones, los votantes den a cada uno lo que se merezca y tengan en cuenta todo lo que están haciendo y diciendo sus líderes. Porque en política no vale todo, aunque parece que distintos políticos opinan que sí.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
La empresa Proman SG, que tiene adjudicado el servicio de conserjería del Museo del Ejército de El Alcázar de Toledo, ha sido condenada a indemnizar con 1.500 euros a CCOO, porque impidió celebrar elecciones sindicales y tuvieron que llevarlas a cabo en la calle. La Inspección de Trabajo ya le había impuesto una sanción de 6.251 euros por una falta muy grave.
Actitudes como ésta, contrarias a la Constitución y las leyes, retrotraen a lo que ocurría en España hace 40 años. El Ministerio de Defensa debería rescindir de inmediato el contrato a una empresa que no ha respetado la constitución ni un derecho fundamental de los trabajadores, y Proman tendría que actuar contra la persona responsable del disparate fascistoide de no haber permitido las elecciones y de incumplir las obligaciones que tiene la empresa en ese proceso electoral.