Ha llovido mucho desde que Aristóteles dijo, en el siglo IV antes de Cristo, que la «política» consiste en adoptar las decisiones que beneficien a la mayoría en los asuntos públicos. O, dicho con otras palabras, que es la actividad de gobernar un país o una institución.
Desde entonces ha habido otras muchas definiciones por parte de los politólogos y actualmente se considera, en la mayoría de los países, que la actividad política debe consistir en conseguir el poder por métodos legítimos -unas elecciones- para ejercerlo en beneficio del interés general de la ciudadanía. Es lo que se denomina un sistema democrático.
Si se preguntara a los 350 diputados del Congreso, seguro que todos responderían que comparten esta última definición. Pero escuchando lo que algunos dijeron el miércoles 12, en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político, da la impresión de que a veces se olvidan de ese loable objetivo y parece importarles más su interés personal y de partido que los asuntos que preocupan realmente a los ciudadanos.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochó a Mariano Rajoy que diga que no va a hacer determinadas cosas -como subir los impuestos o establecer el copago en los medicamentos, dos de sus promesas incumplidas- y después sí las haga. Se refería a que el presidente del Gobierno viene negando una y otra vez que vaya a rebajar las pensiones pero, según vaticinó el secretario general del PSOE, los pensionistas se van a ver afectados por la inflación y el Gobierno no les va a compensar para que no pierdan poder adquisitivo.
DE LAS CONTRADICCIONES A LA FALTA DE CREDIBILIDAD
Tiene razón Rubalcaba al denunciar esas contradicciones de Rajoy, porque son ciertas, pero él tiene un problema que le hace poco creíble ante muchos ciudadanos cuando hace estas afirmaciones: hace menos de un año, cuando era vicepresidente del Gobierno con Zapatero, dijo e hizo cosas totalmente contrarias a algunas de las que defiende ahora.
Sirvan estos dos ejemplos como botón de muestra: el primero, que el Gobierno socialista, con el voto del propio Rubalcaba, rechazó siempre todas las propuestas que presentó Izquierda Unida para llevar a cabo una profunda reforma fiscal con el objetivo de que pague más impuestos quien cobra más y tiene más; el segundo, que Zapatero, Rubalcaba y los diputados del PSOE también rechazaron, con el apoyo de PP y CiU, las cuatro o cinco iniciativas que plantearon IU, el BNG y ERC para establecer por ley la llamada «dación en pago», es decir, que si alguien se queda sin trabajo y no puede pagar al banco el crédito que le había concedido para comprar su vivienda, la entidad financiera recupere la casa y eso sirva para saldar la deuda sin que el hasta entonces propietario deba seguir pagando la hipoteca además de quedarse sin casa, como ocurre en la actualidad.
Ahora, el líder de los socialistas es un gran defensor de esas dos propuestas que él y su partido rechazaron varias veces cuando gobernaban.
Rajoy se limitó ayer a afirmar que todavía no sabe si tendrá que acudir a Europa para que «rescate» a España con una inyección de millones de euros a cambio de determinadas exigencias, algo que los gobiernos europeos y muchos especialistas dan por seguro que hará, y vaticinó que la política que está aplicando el Gobierno «pronto comenzará a dar frutos y podremos empezar a hablar de crecimiento económico y de empleo».
Respondió a las críticas de Rubalcaba con uno de los habituales «y tú más» que acostumbran a dedicarse mutuamente el Gobierno y la oposición: «Hasta ahora, el único partido en la historia de España que ha congelado las pensiones ha sido el PSOE cuando usted estaba en el Gobierno», le recordó, en referencia a que Zapatero congeló temporalmente durante un año buena parte de ellas -las más reducidas no-.
Algo parecido hizo también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando contestó a una pregunta de la socialista Soraya Rodríguez: insistió en que la prioridad del Gobierno es crear empleo, recordó algunas medidas que ya han aprobado y volvió a referirse a lo mal que los socialistas han dejado España, algo que nadie niega pero que repetido a diario desde que el PP llegó al poder, hace nueve meses, empieza a cansar. Todo ello, eso sí, entre llamamientos a trabajar juntos de unos hacia los otros y de éstos hacia los primeros.
Los ciudadanos que siguieran el miércoles 12 el debate del Congreso de los Diputados se darían cuenta de que fue más de lo mismo, como si presenciaran una sesión de control anterior al verano e incluso de mucho antes, cuando Zapatero contestaba a lo que Rajoy le preguntaba desde los escaños de la oposición.
MÁS DE LO MISMO
La oposición está obligada a controlar al Gobierno y a preguntarle por todo lo que se le ocurra. Pero sus señorías deberían preguntar más pegadas a la realidad, porque muchos ciudadanos sacan la impresión, tras escuchar los rifirrafes parlamentarios de cada miércoles, que los representantes de la soberanía popular, que son elegidos en las urnas para que mejoren la vida diaria de la población, se ocupan más de sus intereses partidistas y de desprestigiar al adversario que de los problemas reales de los ciudadanos, aunque digan y repitan que son estos problemas los que les preocupan y les guían en su tarea política: el paro, las pensiones, la sanidad, la educación, las personas dependientes, la vivienda, los problemas económicos…
Afortunadamente, todavía son mucho más numerosos los partidarios de la definición de la política que hizo en la Grecia antigua el discípulo de Platón que los defensores de las tesis del jurista y politólogo francés Maurice Duverger, quien habló en el siglo pasado de la política como una pelea entre dos grupos para conquistar el poder para que, después, el vencedor la utilice en su propio beneficio.
Si la clase política española quiere recuperar la confianza de la ciudadanía y dejar de ser considerada el tercer problema más importante, según las encuestas del CIS, no sólo debe decir que se preocupa por los problemas de la población sino demostrarlo. La sesión de control al Gobierno los miércoles, en el Congreso de los Diputados, es una magnífica ocasión para hacerlo. Deberían pensarlo.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Ha hecho bien la esposa del alcalde de Talavera en dimitir de su puesto de auxiliar administrativa en el gabinete del presidente de la Diputación Provincial, Arturo García-Tizón, quien la había designado «a dedo» porque legalmente puede hacerlo.
Aunque no hay nada irregular en ese nombramiento, y aunque tenga los méritos necesarios para el puesto, éticamente no queda bien que la mujer del alcalde de la ciudad con más paro de toda la comunidad -14.513 personas de un total de 23.084 en agosto- consiga trabajo gracias a un destacado cargo público del partido de su marido, el PP. Ya se sabe que la mujer del César, además de ser honesta tiene que parecerlo y no tener ningún tipo de sospecha encima.
¿Seguirá su ejemplo Edurne Uriarte, la esposa del ministro del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, catedrática de Ciencia Política, columnista de ABC y tertuliana en la cadena Intereconomía, que ha sido fichada para la tertulia «Los desayunos de TVE»? ¿Qué dirá el día que el Gobierno adopte alguna decisión que merezca ser criticado? Lo dicho: Julio César ya dejó bien sentado que, además de serlo, hay que parecerlo.