Agustín Yanel
Que un ciudadano pierda o traspapele un documento en su casa o en su trabajo ocurre de vez en cuando, como también se pierden las llaves, la cartera o algún objeto de más o menos valor. Pero que en el Ministerio del Interior no encuentren unos informes elaborados por la policía sobre los atentados del 11-M, el asesinato de la joven Marta del Castillo o el chivatazo a ETA conocido como caso Faisán, es muy grave y, como se suele decir, clama al cielo. Pues eso ha ocurrido durante la etapa del anterior ministro, Jorge Fernández Díaz.
En una entrevista publicada en el diario El Mundo, el que era número dos de la Policía Nacional con el anterior ministro, el comisario Eugenio Pino, ha desvelado que él ordenó volver a investigar en secreto los atentados yihadistas del 11 de septiembre de 2004 en Madrid -en los que hubo 193 muertos y más de 1.800 personas heridas-, el crimen de Marta del Castillo y el chivatazo en 2006 a un presunto colaborador de ETA advirtiéndole de una redada contra el aparato de extorsión de la organización terrorista. Dice que lo hizo porque «la verdad tiene varias caras» y, por lo visto, él pensó que no eran suficientes las investigaciones ya realizadas por sus agentes.
EL ASESINO DE MARTA DEL CASTILLO
Incluso llegó a decir, en esa entrevista, que la policía sabe quién es el asesino de Marta del Castillo -que estos días está de actualidad porque un buque del Instituto Hidrográfico de la Marina va a buscar restos del cadáver de la joven en el fondo de una zona del río Guadalquivir que nunca ha sido rastreada- y que él es partidario de utilizar el detector de mentiras para que confiese.
Ante declaraciones tan sorprendentes, los periodistas han preguntado al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por los informes referidos a esas investigaciones secretas que ordenó el comisario Pino. «Me preocupa que no aparezcan esos informes. Trabajaré para que la cadena de custodia de la Policía no se rompa», ha contestado.
La explicación que ha dado el ministro desvela un desorden inconcebible en un departamento policial tan importante como la Brigada de Análisis y Resolución de Casos (BARC), que es donde supuestamente se redactaron esos informes.
INFORMES QUE NO SE ENCUENTRAN
Veamos: de Marta del Castillo han dicho al ministro que no existe un informe, pero sí hay «información»; de los atentados del 11-M «parece ser que hubo un informe que tenían dos personas, pero nadie lo encuentra» y del chivatazo del caso Faisán «parece que había dos copias, pero no están en ninguna parte». Palabras de Juan Ignacio Zoido.
El ministro ha pedido en reiteradas ocasiones que le entreguen esos informes, pero no han encontrado ninguno y él ha ordenado «que sigan buscando». «La Policía tiene órdenes concretas de que busquen esos informes y me los traigan, si existen. Quiero despejar cualquier duda», ha dicho.
Una de dos: o el comisario Eugenio Pino, que era el número dos de la Policía, ha facilitado una información errónea o falsa, lo que sería muy sorprendente, o el caos existente en ese departamento del Ministerio del Interior era parecido al camarote de los hermanos Marx, lo que resultaría incluso más sorprendente y grave.
No se trata de discutir ahora si era necesario o no crear un grupo policial como el BARC, para que revise algunos casos cuando las investigaciones policiales no logran resolverlos. Tampoco hay por qué dudar, mientras no existan pruebas para ello, de las afirmaciones que ha realizado el comisario Pino. Se trata de aclarar lo que ha ocurrido, localizar los informes o la información que exista sobre esos casos y exigir las responsabilidades pertinentes.
La profesionalidad y el prestigio de la investigación policial en España -aunque a veces queden casos sin resolver, como en todo el mundo- no puede verse empañado por hechos como la sorprendente pérdida de unos informes. El ministro Juan Ignacio Zoido, que acaba de iniciar su mandato, debe actuar con contundencia.