El periodista Màxim Huerta se ha convertido en el ministro más breve de la democracia: ha dimitido cuando llevaba sólo seis días al frente del Ministerio de Cultura y Deporte, tras conocerse que en 2006, 2007 y 2008 defraudó 218.322 euros a la Hacienda Pública al constituir una sociedad mercantil, sin actividad, para pagar menos impuestos. Aunque ya regularizó su situación fiscal, obligado por la Justicia, ha hecho bien en dimitir con urgencia. Un ejemplo que deberían haber seguido otros cargos públicos que, cuando fueron pillados en algún renuncio, se agarraron al sillón como una lapa a las rocas.

En aquellos años Màxim Huerta trabajaba en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, e hizo lo que hacían otros personajes públicos siguiendo los consejos de su asesor fiscal: en vez de pagar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que correspondía a sus ingresos profesionales, como debe hacer cualquier ciudadano, constituyó una empresa mercantil y así pagó el impuesto de sociedades, que es muy inferior al IRPF.

El periodista debería haber pagado por el IRPF el 48 por 100 de sus ingresos, pero al utilizar la sociedad mercantil solo pagó el 25 por 100. Además, declaró como gastos deducibles de su empresa los de la compra y mantenimiento de un apartamento que compró en la costa de Alicante. Un sistema muy rentable, porque en los tres años citados ingresó 798.520 euros y sólo tributó 21.860 euros por IRPF.

La Justicia dice que no actuó «de buena fe»

Estos datos, que ha publicado el digital El Confidencial, constan en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dejan bastante mal al ya exministro. Los cinco magistrados que han estudiado este caso dicen que Huerta no actuó «de buena fe» sino que lo hizo «cuando menos, negligentemente», y que no regularizó su situación fiscal voluntariamente sino obligado porque, tras una inspección de la Agencia Tributaria, la Justicia le ha condenado. Finalmente tuvo que pagar 365.938 euros, incluido un recargo por multa y los intereses de demora.

Màxim Huerta no podía continuar como ministro de un Gobierno cuyo presidente, Pedro Sánchez, había declarado con anterioridad que él no tendría en su equipo a nadie que hiciera lo que ha hecho el periodista. Lo dijo en febrero de 2015, cuando Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, estaba siendo investigado porque había creado una sociedad mercantil para facturar sus ingresos a través de ella, lo mismo que hizo el exministro.

«Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con mi partido», afirmó Sánchez. En este caso, lo ha cumplido.

Si el periodista hubiera informado al presidente  de su problema con Hacienda, cuando le llamó para ofrecerle el cargo de ministro,  probablemente no le hubiera nombrado. Pero Huerta ha dicho que, como era un asunto de hace años y ya había pagado, no se lo dijo. Hizo mal y ha pagado por ello.

Profesionales que ingresaban mucho y pagaban pocos impuestos

Màxim Huerta ha afirmado, para justificar su conducta, que la Agencia Tributaria cambió las normas que venía aplicando sobre esos casos y por eso le inspeccionaron. Pero los técnicos de Hacienda le han desmentido y han dicho que las normas no han cambiado: crear una sociedad unipersonal sin actividad, para pagar menos impuestos, era un fraude antes de que lo hiciera el exministro de Cultura y lo sigue siendo ahora. Lo único que ocurrió, hace unos años, es que la Agencia Tributaria intensificó las inspecciones sobre personajes públicos cuando detectó que ingresaban mucho dinero por ingresos profesionales pero pagaban pocos impuestos.

Hay quien dice, también el periodista exministro, que esas inspecciones han sido una caza de brujas ideada por Cristóbal Montoro para perseguir a los periodistas y creadores que eran críticos con el Gobierno del PP. Lo haya sido o no, eso da igual ahora porque los hechos están demostrados y son indiscutibles: el exministro defraudó a la Hacienda Pública con una práctica que no está permitida y ha sido obligado a pagar y, además, multado como establecen las leyes.

En apenas 11 horas, las que transcurrieron desde que se publicó la noticia hasta que Màxim Huerta dimitió, Pedro Sánchez ha superado su primera e inesperada crisis de Gobierno. La dimisión era la única solución posible, porque el presidente ha llegado a ese cargo por una moción de censura que Mariano Rajoy y su partido han perdido debido a numerosos casos de corrupción. Así debería ocurrir siempre que se detecte un caso de corrupción o alguna ilegalidad de un político: tendría que dimitir o ser cesado con urgencia, en vez de marear la perdiz e intentar justificar su actuación echando la culpa al partido político adversario o a una campaña de los medios de comunicación, una práctica muy empleada en estos casos.