El pasado 16 de julio, la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere hizo una pregunta sencilla al Gobierno para que respondiera por escrito: «¿Cuánto piensa invertir el Gobierno en las líneas de tren Madrid-Extremadura y Madrid-Valencia?». No ha conseguido saberlo, porque el Ejecutivo, en una impresentable y muy tardía respuesta de solo seis líneas, se limita a decir que «los Presupuestos Generales del Estado para 2018 apuestan por un aumento en la inversión en la red convencional y, en especial, en los planes de Cercanías». ¿Pero a cuánto asciende ese «aumento»? No se sabe, es un misterio.

Cuando preguntó al Gobierno, según establece el Reglamento del Congreso, esta diputada recordó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades que tiene más kilómetros de AVE de toda España, pero también la que ha sufrido un mayor abandono de su red de ferrocarril convencional y con el mayor número de accidentes y varias muertes en pasos a nivel sin barrera; que el tren a Extremadura ha tenido innumerables accidentes; que la Unión Europea ha llamado la atención sobre el derroche de la multimillonaria inversión realizada en el AVE y la degradación del servicio público del tren en general…

Críticas de la Unión Europea al derroche en el AVE

Por eso preguntó al Gobierno si comparte esas críticas de la UE, si va a reconsiderar su política con el ferrocarril, cuánto va a invertir en las línea a Extremadura y Valencia, si considera que es compatible seguir potenciando el AVE frente a los trenes de cercanías y media distancia con la lucha contra el cambio climático y si es consciente de la fuerte demanda de energía que necesita la alta velocidad.

También quería saber si el Gobierno va a reabrir el servicio de atención al público y venta de billetes en varias importantes estaciones de Castilla-La Mancha donde ha sido cerrado; si conoce las reivindicaciones para recuperar el tren en zonas rurales o de especial interés económico, social y cultural, y si va dialogar con las organizaciones ciudadanas que defienden el tren.

El Reglamento del Congreso establece que los diputados, además de preguntar al presidente y a los ministros en las habituales sesiones de control al Ejecutivo en el pleno de la Cámara Baja, pueden dirigir preguntas por escrito al Gobierno y éste deber respondes en un plazo máximo de 20 días, prorrogable a otros 20 si justifica que la respuesta es muy compleja y necesita más tiempo para prepararla.

Cinco meses para responder

En este caso, en que la respuesta era sencilla, el Gobierno ha tardado cinco meses en enviar su respuesta. Y no ha contestado a las ocho preguntas que planteó la diputada de IU. En su respuesta sí incluye un breve cuadro de tres líneas, en el que detalla las inversiones que prevé realizar entre 2018 y 2021 en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura y en 2018 y 2019 en la de Madrid-Valencia. Pero es que la diputada García Sempere no preguntaba sobre las líneas de alta velocidad, en las que sí ha habido inversiones, sino sobre las deterioradas y abandonadas líneas convencionales, que es donde se repiten casi a diario los incidentes.

Izquierda Unida ha denunciado la «impresentable falta de respeto» que esta respuesta de Gobierno supone hacia el trabajo de la diputada García Sempere. Tiene toda la razón, porque no es de recibo que tarde cinco meses en responder, no conteste a las preguntas planteadas y presumas de las inversiones realizadas en el AVE sobre las que no se ha preguntado.

El Gobierno, sea de PSOE o de otro partido, debe dar ejemplo y cumplir tanto el Reglamento del Congreso como la Ley de Transparencia de 2013. Pero el gabinete de Pedro Sánchez, con una respuesta tan impresentable como ésta sobre los trenes convencionales, no cumplen esas normas legales y falta al respeto a los diputados y a la ciudadanía. Lamentable.