Agustín Yanel
A nadie le sorprenderá que el líder de Vox, Santiago Abascal, relacione a los menores migrantes no acompañados con robos, violaciones y todo tipo de delincuencia. Le desmienten las cifras oficiales -de España y de organismos europeos-, pero a él le da igual y repite esa cantinela desde hace tiempo. Pero sí ha sorprendido que Alberto Núñez Feijóo haya afirmado eso mismo con una claridad que hasta ahora no había manifestado. Lo ha dicho ante Junta Directiva Nacional del PP, su máximo órgano de dirección entre congresos, y le han aplaudido.
«Solidaridad sí, pero seguridad también», afirmó. «Solidaridad y seguridad para los que llegan, porque se juegan la vida, por humanidad, claro que sí; pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle». Y, tras recordar que miles de inmigrantes han llegado a España de manera regular, añadió: «Para todos ellos, España es su casa. Pero no puede serlo para quien viene con otra actitud y con otra intención».
La misma opinión pero expresada con distintas palabras y distinto tono
Blanco y en botella. Hasta ahora, Feijóo sí había relacionado con la delincuencia la llegada de inmigrantes en general, pero no se había referido expresamente a los menores no acompañados. Si alguien creía que el PP iba a modificar su posición sobre ellos porque Vox ha roto los pactos en las cinco comunidades donde gobernaban juntos, esas palabras de Feijóo dejan claro que no existirá tal cambio. En los dos partidos opinan lo mismo, aunque lo expresen con distintas palabras y distinto tono. Y eso es lo lamentable, que el partido de la derecha que aspira a gobernar asuma las tesis de la ultraderecha, como ha hecho en distintos asuntos en los gobiernos conjuntos que recientemente ha roto Vox.
En Canarias hay unos 5.600 niños y adolescentes que han llegado sin sus familias, pero la capacidad para atenderlos correctamente es de 2.000. Los centros de acogida están colapsados y, por eso, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, lleva tiempo reclamando la solidaridad del resto de las comunidades para que acojan a una parte de esos menores. El PP canario estaba de acuerdo con esa petición pero a última hora ha cambiado de opinión, presionado por la dirección nacional del PP porque han decidido votar en el Congreso en contra de modificar la Ley de Extranjería para que el reparto de esos menores sea obligatorio entre todas las comunidades autónomas.
Santiago Abascal anunció el 11 de julio que Vox rompía sus pactos con el PP en las cinco comunidades donde gobernaban juntos -Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia- porque Feijóo impedía que los presidentes de esas autonomías votaran en contra de repartir entre toda España a 347 menores no acompañados de los que están en las Islas Canarias y en Ceuta.
Vox relaciona a los menores con «robos, machetazos y violaciones»
Para el líder de Vox, el reparto de esos niños y adolescentes supone «la distribución de la inseguridad por toda España. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones», advirtió, convirtiendo sin ninguna prueba a esos niños y adolescentes en delincuentes. No fue creíble ese argumento para justificar su ruptura con el PP, porque nadie puede creer que repartir a los 120 menores que corresponderían a las cinco comunidades citadas vaya a llevar la inseguridad a los 12 millones de personas que viven en ellas.
Además, las estadísticas desmienten a Santiago Abascal. En los años 2013 y 2014, con el Gobierno de Mariano Rajoy, hubo 3.532 y 3.284 menores extranjeros condenados por delitos penales (24% y 22% del total de extranjeros y españoles, respectivamente). En los cinco años siguientes esa cifra descendió a entre 2.500 y 2.900. Con Pedro Sánchez al frente del Gobierno han condenado a 2.327 menores en 2020 (21%), a 2.804 en 2021 (21%) y a 2.898 en 2022 (21%), cifras inferiores a las de hace una década y similares a las de los años siguientes.
El líder de Vox no aceptará que las estadísticas le desmientan su acusación sin pruebas contra un Gobierno que él califica de rojo, bolivariano, antiespañol y amigo de los descendientes de ETA y de quienes han dado un golpe de Estado y etcétera. Lo peor que pueden hacer los políticos es utilizar el drama humano de esos menores como si fueran mercancía, y eso es lo que están haciendo la derecha, la ultraderecha y algunos más. Lamentable.