Acusar sin pruebas, decir que hay quien no cumple la ley pero sin dar ningún nombre para demostrarlo o insinuar que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) apoya al terrorismo sin aportar algún dato que lo corrobore mínimamente se está convirtiendo en una práctica bastante frecuente por parte de algunos destacados miembros del PP.
Es como si en el partido que preside Mariano Rajoy hubieran decidido que, para desviar la atención de la ciudadanía del «caso Bárcenas«, que tantos dolores de cabeza les está dando, lo mejor es aplicar el peligroso y tan español método del «acusa, que algo queda». O, dicho con otras palabras, poner en marcha el ventilador para intentar que la mierda, con perdón, salpique a todo el mundo.
El lunes último, a raíz del rechazable acoso frente a sus domicilios que han sufrido varios diputados del PP por parte de miembros de la PAH, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, declaró a Radio Nacional: «La PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyar a grupos filoetarras o proetarras. Ada Colau y las personas que están en la plataforma antidesahucios han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a esos grupos que, a mi modo de ver y el de muchos españoles, tienen que ver con el entorno de ETA». Y se quedó tan ancha.
No explicó que el 12 de enero hubo una manifestación legal en Bilbao, para pedir el acercamiento de los presos vascos a cárceles de esa comunidad, que fue apoyada por miles de personas y por una cuarentena de colectivos y organizaciones ciudadanas, entre ellas Stop Desahucios Bizkaia, un grupo que no forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
UNA DELEGADA MUY POLÉMICA
Sus declaraciones levantaron tanta polvareda, incluso malestar en gentes de su partido aunque no lo reconozcan en público, que al día siguiente tuvo que rectificar… a medias. Aclaró que no pretendía «criminalizar» a la PAH y que si alguien lo había sentido así pedía disculpas, pero mantuvo que tiene datos para decir lo que dijo, aunque no los explicó.
Si la señora Cifuentes tiene datos para realizar una acusación tan grave, debería presentar una denuncia ante la Justicia, pedir a la Fiscalía que intervenga o esperar a que la Policía termine una hipotética investigación, en el caso de que la esté llevando a cabo. Lo que es totalmente impresentable es que se atreva a relacionar públicamente a la portavoz de ese movimiento ciudadano y a sus integrantes con los etarras, sin explicar ningún dato que corrobore esta acusación.
Para rechazar el acoso que están sufriendo algunos diputados del PP delante de sus domicilios, para decir que la Policía los va a proteger y va a impedir actos ilegales, para criticar que se coaccione a unos representantes del pueblo elegidos democráticamente, con el propósito de que voten en un determinado sentido, no necesitaba lanzar al aire una acusación tan grave y sin sustento alguno. Pero ya se sabe: «acusa, que algo queda». Y no hay que olvidar la desesperación a la que puede llegar quien se ve sin trabajo, sin casa para vivir y con una deuda con el banco, mientras ve cómo el PP ahora y el PSOE antes no resuelven el problema de los desahucios.
UNA QUERELLA DE IU
Vistas algunas de las polémicas actuaciones desde que ocupa ese cargo -que han dado pie a una querella de Izquierda Unida, admitida a trámite recientemente, y a una demanda de abogados del movimiento 15-M, entre otras actuaciones-, no sorprende que Cristina Cifuentes se haya atrevido a criminalizar a todos los ciudadanos que acudieron a una manifestación legal en Bilbao y a los que participan en la PAH, relacionándolos con los etarras -porque eso es lo que hizo con sus declaraciones, aunque después haya explicado que no era esa su intención-. Lo que sorprende es que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior la mantengan todavía en ese puesto, en el que se necesita bastante más sentido común y respeto a la libertad ciudadana del que ella viene demostrando tener.
Al día siguiente, probablemente con la buena intención de apoyar a la delegada del Gobierno y compañera de partido, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, también insinuó acusaciones sin pruebas. Dijo a la Cadena Cope que la PAH o «algunas personas» de este colectivo lo que hacen es «alentar a una izquierda radical que favorece e impulsa la violencia y que ha coqueteado en el pasado, e incluso en la actualidad, con otras organizaciones próximas al terrorismo». No aclaró qué personas, qué izquierda radical ni cómo se concreta ese coqueteo o relación con los terroristas, pero la acusación quedó en el aire.
La lista de acusaciones sin fundamento sería demasiado extensa. Baste con añadir a ella las polémicas afirmaciones que ha realizado durante las últimas semanas el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Primero, cuando le preguntaron por el «caso Bárcenas» -el ex tesorero del PP que llegó a tener hasta 38 millones de euros en Suiza, defraudando a la Hacienda pública española-, dijo que algunos deportistas españoles no pagan los impuestos; después afirmó que hay actores que defraudan y, para rematar la jugada, declaró que algunos conocidos periodistas que cada día crean opinión también tienen deudas con la Agencia Tributaria. Todo ello, naturalmente, sin citar ni un sólo nombre, con lo que extiende la duda sobre el conjunto de esos tres colectivos. De nuevo el «acusa, que algo queda».
ÉRAMOS POCOS…
Por si eso es poco para esta particular Semana de Pasión del PP, a los responsables de Nuevas Generaciones de este partido de Castellón se les ha ocurrido la lamentable idea -que probablemente ellos consideraron brillante- de pedir a los estudiantes que denuncien de manera anónima a los profesores que, en su opinión, utilizan las clases para adoctrinarles, en vez de limitarse a explicarles la asignatura que les corresponda impartir de manera aséptica.
Este concepto tan antidemocrático de la enseñanza, contrario a la libertad de cátedra y al más elemental sentido común, ha sido rechazado y criticado por los distintos sindicatos de enseñanza y ha levantado un considerable revuelo. Esos jóvenes y no tan jóvenes del PP deberían saber que, en una democracia, el anonimato no es buen acompañante para denunciar algo, eso es propio de las dictaduras. Para investigar y sancionar la conducta de algún profesor, si procede, existen los servicios de inspección, los consejos escolares y, llegado el caso, los jueces y tribunales.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Ha hecho bien el Gobierno de María Dolores de Cospedal en rectificar y derogar su propia orden, de noviembre pasado, por la que acordó cerrar por la noche 21 Puntos de Atención Continuada en la región, con el argumento de que eran muy poco utilizados. Cuestión distinta es lo que haga, a partir de ahora, para intentar mejorar y racionalizar los servicios sanitarios.
Han hecho bien los alcaldes que recurrieron esa orden y los ciudadanos que se manifestaron para defender sus derechos, que son los que han obligado al Ejecutivo castellanomanchego a dar su brazo a torcer. En el Palacio de Fuensalida seguramente están convencidos de que el Tribunal Superior de Justicia no les va a dar la razón y, entonces, ¿para qué esperar?