El Gobierno de España, respaldado por el de Castilla-La Mancha, incumplieron la ley con el trasvase del Tajo en lo que se refiere a su obligación de establecer caudales ecológicos para el río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera. Incumplieron la norma cuando aprobaron el Plan de Cuenca del Tajo en el año 2014. Lo ha sentenciado el Tribunal Supremo, dando la razón a las plataformas del Tajo y otros colectivos que recurrieron el Plan del Tajo teniendo incluso que acudir a micromecenazgo para poder pagar los gastos del proceso.

Victoria judicial impulsada por las plataformas del Tajo

Esta victoria judicial sin precedentes abre un montón de interrogantes para los que aún no hay respuesta. Salvo una, el fin del trasvase del Tajo no tiene marcha atrás.

Lo cierto es que durante años los gobiernos de Mariano Rajoy, y durante meses el de Pedro Sánchez, han autorizado trasvases bajo el argumento de que era legal, aunque a todas luces injusto y desde luego insostenible, como declaró nada más llegar la misma ministra de Transición Ecológica,la misma que luego autorizaba los trasvases.

Pues resulta que no era legal. El trasvase era injusto, era inmoral y ahora sabemos que ¡era ilegal!.

Un Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, celebró ese plan de cuenca del Tajo como un éxito y una victoria sin precedentes. Y lo peor de todo, la consejera que lo firmó, la titular de Fomento, Marta García de la Calzada, era abogada del Estado, como la propia presidenta.

Condicionada por su puesto de secretaria general y por consejeros que ni vivían en Castilla-La Mancha ni se quedarían ni un minuto más de lo que durase su cargo, Cospedal consistió un acuerdo que alargaba la agonía del Tajo y que, además, era ilegal porque se basaba en preceptos contrarios a la normativa europea.

El PP de Castilla-La Mancha, atrapado en un concepto anticuado de la disciplina de partido, hace malabarismos para no decir lo inevitable, lo que ya no puede tardar más en afirmar: que el trasvase del Tajo tiene que acabar y que perjudica la vida del río y con ello a Castilla-La Mancha y a Toledo.

El fallo del Tribunal Supremo, producido el 11 de marzo y conocido cuatro días después, critica que se hayan «vulnerado los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010».

Un éxito del recurso contra el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por el Real Decreto 1/2016 que fue interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación Grama (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.