Mar G. Illán
Dentro de unos días será 1 de abril. Se revisarán las reservas del Tajo y se autorizará un nuevo capítulo del trasvase Tajo-Segura, porque la ley dice que por encima de 400 hectómetros cúbicos acumulados en los pantanos de Entrepeñas y Buendía se puede autorizar un nuevo desembalse de agua, aunque sea una temeridad.
Habrán pasado solo unos días de la celebración el 22 de marzo del Día Mundial del Agua, una efeméride impulsada desde Naciones Unidas y pensada para concienciar sobre la necesidad de una gestión sostenible de este recurso, justo lo contrario de lo que es el trasvase Tajo-Segura. Pero… El Día Mundial del Agua ya pasó.
Da igual que los embalses estén a apenas el 16 por 100 de su capacidad. Y que si quitamos lo que hay de lodo y fango en el fondo, la reserva estaría muy por debajo los 400 (quizás en 300). Nadie lo sabe exactamente, porque la Confederación Hidrográfica del Tajo guarda celosamente ese dato y otros cuyo conocimiento sería una puñalada más.
El trasvase Tajo-Segura es legal y punto… La «gran» baza del Gobierno
Como digo, da igual que los pantanos no lleguen ni a la quinta parte de su capacidad. El 1 de abril se activa de nuevo el trasvase Tajo-Segura. Porque es legal y punto. A eso se agarra el Gobierno y las comunidades receptoras del agua.
Qué mas da que al otro lado de la tubería, en Murcia y Valencia, tengan mar y la posibilidad de desalar el doble de lo que hoy se trasvasa (vean bajo estas líneas el cálculo de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía). Trasvasar no es ni la única ni la mejor solución, pero es legal y punto.
No importa que se acabe con el río más largo de España, que ya no tiene agua, ni fauna ni flora de río en gran parte de su cauce. El trasvase es legal y punto.
No se tiene en cuenta que se ha condenado, y se persiste en ello, la posibilidad de desarrollo de los municipios de la cuenca cedente, obligados a enviar un agua que necesitan para su vida. Ni siquiera es un freno que el trasvase Tajo-Segura sea al mismo tiempo un atentado ecológico, una injusticia histórica y territorial y una burla al sentido común. Es legal y punto.
¿Cómo puede ser legal el trasvase?
Y yo me pregunto: ¿cómo puede ser legal el trasvase Tajo-Segura a estas alturas? Una infraestructura que vulnera las directivas europeas y que es una afrenta al medio ambiente y a la gestión sostenible del agua, un bien amenazado de escasez para un futuro no tan lejano.
¿Cómo puede ser legal una infraestructura impuesta a un territorio pobre para beneficiar a otro más rico para seguir siéndolo, amparando durante cuatro décadas los abusos agrícolas y urbanísticos de los receptores?
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¿Cómo puede ser legal un trasvase que rompe el principio de igualdad entre los territorios en un país cuya Constitución proclama y pide garantizar la igualdad de todos?
¿Qué igualdad existe en la ley del trasvase que ha permitido y permite enviar agua para unos territorios que tienen el 34 por 100 de su superficie de regadío, mientras que los municipios ribereños de los pantanos tienen el 1 y 1,7? ¡Y encima nos llaman insolidarios!
¿Dónde garantiza la igualdad una ley que ha favorecido el PIB de unas comunidades autónomas frente a otra? ¿Qué igualdad existe en arruinar el pequeño negocio turístico de la cabecera del Tajo para llevar agua a dónde ya está la del mar, base de uno de los sectores turísticos más desarrollados y boyantes de Europa?
¿Qué igualdad existe en vulnerar las directivas europeas? ¿Eso es legal?
¿Cómo puede haber una ley que bendice todo lo enumerado? ¿Cómo una ministra de España puede autorizar un trasvase en nombre de la ley y en contra del medio ambiente, la justicia, el sentido común y la igualdad de oportunidades entre territorios? ¿Y el principio legal que prima los intereses de la cuenca cedente sobre los de la receptora?
¿Por solidaridad? ¿Por responsabilidad? No es solidaridad. Ni es responsabilidad. Es injusticia y debería ser ilegal mantener vigente la sentencia mortal para el río y el abuso contra Castilla-La Mancha que supone el trasvase Tajo-Segura.